Bruselas suspende 10.000 millones de ayudas a parados gestionadas por el Gobierno de Pujol

La Comisión Europea bloqueará la entrega de hasta 10.316 millones de pesetas, equivalentes a 62 millones de euros, de fondos para formar parados al Gobierno catalán, si no recibe explicaciones convincentes sobre el correcto uso de estos fondos. Esta cantidad supone todas las ayudas del Fondo Social Europeo previstas para el año 1999. El bloqueo se ha producido a raíz del llamado caso Pallerols, un asunto bajo investigación judicial por presunto desvío de fondos para la formación de parados, que ha salpicado también a Unió Democràtica de Catalunya (UDC), coaligada con el partido de Jordi Pujol, CDC.

UDC controla el Departamento de Trabajo del Gobierno catalán desde hace 20 años.Hasta el momento, la Comisión Europea (CE) ha bloqueado 2.329 millones de pesetas (14 millones de euros). Pero Bruselas advierte que seguirá bloqueando las próximas entregas de fondos durante todo el año que viene, al menos hasta que España no aclare qué tipo de irregularidades se han podido producir en el manejo de parte de esos fondos.

Las cantidades bloqueadas o en vía de bloqueo corresponden a ayudas de 1998 y, sobre todo, a 1999. El Ejecutivo comunitario aseguró ayer que la cantidad que está en riesgo es cuatro veces mayor y que corresponde a la suma de parte de los pagos pendientes de 1998 (4 millones de euros) y a la totalidad de los pagos de 1999 (58 millones) correspondientes al Fondo Social Europeo.

España da explicaciones

Ayer llegó a Bruselas el dossier español sobre el control financiero de los fondos comunitarios destinados a Cataluña. El informe, enviado por el Ministerio de Trabajo, debe ser analizado ahora por los técnicos de la CE. Una vez analizado, ésta dictaminará si se puede desbloquear o no el dinero. La CE puede pronunciarse sobre el dossier "seguramente antes de Navidad", si los datos son "buenos, conformes y correctos", dijeron técnicos del Fondo Social Europeo. Se desconoce el contenido de este informe. En todo caso, insiste Bruselas, una información correcta y a tiempo podría haber evitado el bloqueo de tanto dinero. El consejero de Trabajo del Gobierno catalán, Lluís Franco, viajará a Bruselas en los próximos días para tratar de que las autoridades comunitarias desbloqueen estos fondos, según un portavoz del Departamento de Trabajo. El portavoz del Departamento que dirige Franco señaló que éste quiere entrevistarse "por iniciativa propia" con la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Dianamtopoulou, la máxima responsable europea de estos fondos sociales.

En la cifra global de fondos que el Gobierno catalán debería recibir de Bruselas se incluyen 23 millones de ayudas estatales que tampoco pueden ser desembolsadas en tanto que la Unión Europea no disponga de información precisa sobre esas presuntas irregularidades de las que los técnicos de la CE sólo han tenido información a través de la prensa española. La CE, según se supo ayer, ni siquiera ha tenido información oficial por parte de las autoridades españolas de que hubiera una investigación judicial en curso.

Si España hubiera ofrecido desde el principio la información requerida por Bruselas, los técnicos, que se limitan a aplicar los reglamentos, como ha insistido reiteradamente la CE, no tendrían que haber bloqueado este volumen de fondos y podrían haber mantenido las ayudas designadas a otros proyectos. En realidad, la CE hubiera preferido actuar de esta manera, congelando sólo los fondos destinados a programas presuntamente fraudulentos bajo investigación judicial.

Los 58 millones de euros correspondientes a 1999 y cuyo pago está en suspenso corresponden al montante total que Cataluña debería percibir de fondos sociales europeos para formación y empleo y cuyos pagos se deberían hacer efectivos hasta mediados del próximo año si, finalmente, se desbloquea la situación. Queda implícito, según la información recabada por la CE, que de continuar la situación actual de falta de información, ese dinero no va a ser desembolsado.

El primer pago bloqueado por Bruselas y hecho público hace dos semanas ha servido para que España, por fin, haya ofrecido las explicaciones que los técnicos de la CE venían requiriendo desde mediados de 1998, cuando en Bruselas se empezó a tener conocimiento, a través de la prensa, de presuntas irregularidades en la gestión de los fondos por parte del grupo Méndez. Informaciones que al año siguiente se extendieron a los fondos gestionados por el empresario Fidel Pallerols, propietario de tres academias para formación de parados que recibieron fondos del Departamento de Trabajo del Gobierno catalán.