LA CRISIS DE PERÚ

El Gobierno peruano impulsa medidas democratizadoras para acallar la crisis

El Ejecutivo estudia devolver a sus antiguos propietarios dos canales críticos de televisión

El Gobierno peruano ha adoptado varias medidas democratizadoras forzadas por la grave crisis política que ha provocado el regreso del ex jefe del espionaje Vladimiro Montesinos. Los representantes gubernamentales que se sientan con la oposición en la Mesa de Diálogo acordaron en la noche del viernes la devolución de la nacionalidad del empresario de origen israelí Baruch Ivcher. La decisión abre la puerta a la solución de uno de los atropellos más graves a la libertad de expresión cometidos por Alberto Fujimori y que se había convertido en un asunto tabú para el presidente.

Una fiscal polémica

Los nuevos vientos para una transición pacífica permitirán, probablemente, la restitución de los derechos de Ivcher, que hace tres años fue despojado, junto a la nacionalidad, de la propiedad del Canal 2 de televisión, uno de los más críticos con la Administración de Fujimori. Así lo acordó la Mesa de Diálogo, que auspicia la Organización de Estados Americanos (OEA). La decisión final se encuentra en manos del Gobierno, que deberá emitir en breve una resolución atendiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta ahora habían caído en saco roto.Los representantes del Gobierno también aceptaron proponer al Ejecutivo la devolución del control del Canal 13 Global Televisión a su accionista mayoritario, Jenaro Delgado Parker. Los dos canales televisivos sufrieron el acoso del régimen, que con sendas decisiones ilegales acalló dos voces críticas.

El ministro de Justicia, Alberto Bustamante, calificó de muy importante el paso dado por la Mesa de Diálogo, y aprovechó para atribuir los méritos de las medidas adoptadas al Gobierno de Fujimori al afirmar que era el resultado de un largo trabajo desde hace más de un año.

Horas antes, el primer ministro, Federico Salas, había anunciado la destitución del jefe de Migraciones, general de la Policía Nacional Hugo Huamán, y del jefe del Control Migratorio del aeropuerto internacional de Lima, comandante Jorge Vásquez López. Ambas destituciones tienen que ver con la fuga del diputado tránsfuga Alberto Kouri, que apareció en el vídeo recibiendo 15.000 dólares de manos de Vladimiro Montesinos, y sobre quien pesa una acusación constitucional del Congreso. El general Huamán del Solar firmó el 13 de julio de 1997 la resolución que retiró la nacionalidad peruana de Baruch Ivcher.

El Gobierno aceptó la dimisión del jefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), contralmirante Humberto Rosas, que en la práctica siempre estuvo subordinado al dictado de Montesinos. El cambio en la jefatura del SIN responde, según dijo el primer ministro, Salas, al hecho de que en el actual proceso de "desactivación" del organismo no se necesita un contralmirante, por lo que ha sido relevado por el coronel Luis Rodríguez Silva, que ocupaba la subjefatura de administración del servicio de espionaje.

Aunque el Gobierno se empeña en utilizar el término desactivación, el SIN sigue en funciones y se halla en un proceso de reorganización, con una amplia reducción del personal, recorte del presupuesto y la limitación de las operaciones a las áreas de narcotráfico y terrorismo.

La Comisión Ejecutiva de la Fiscalía de la Nación ha designado a tres fiscales titulares para investigar a Montesinos por las denuncias presentadas en su contra por los delitos de lavado de dinero, corrupción y torturas. Al frente de la fiscalía está Blanca Nélida Colán, que se ha caracterizado en su gestión por el amparo a los funcionarios denunciados por diversos delitos.

En 1997, la fiscal general defendió ante las cámaras de televisión la honorabilidad del jefe del SIN, a quien el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera había acusado de exigirle cuantiosas sumas de dinero a cambio de dejarle actuar con entera libertad en el valle selvático del Alto Huallaga.Dentro de la nueva política de golpes de efecto, el Tribunal Constitucional ha ordenado la indemnización de unas 500 personas que fueron condenadas injustamente por delitos de terrorismo y traición a la patria, y que luego fueron indultadas.

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, se refirió al regreso de Montesinos, en paradero desconocido. "El país debería ser más maduro", señaló; "no es razonable que una persona que tuvo tanto poder desaparezca de golpe". El arzobispo responsabilizó de la situación no sólo al presidente, sino también a otros poderes del Estado, como las Fuerzas Armadas: "Hay personas involucradas en esta situación y no creo que sean vendedores de chocolate". Y agregó: "La clandestinidad de Montesinos no es positiva. Que enfrente y aclare muchas situaciones. Cuanto antes, mejor".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0028, 28 de octubre de 2000.