Los tres acusados por el crimen de Ikaztegieta se niegan a declarar en el juicio

Los tres procesados por el crimen de Ikaztegieta se acogieron ayer a su derecho a no testificar en la vista oral, decisión que provocó un extenso debate entre las partes. Dos hombres y una mujer están siendo juzgados en San Sebastián por su presunta participación en el asesinato de Izaskun Larrauri, la empleada de una gasolinera que murió de un disparo de escopeta. Su cadáver fue localizado en el suelo y con las manos en la espalda.

Los tres acusados por el asesinato de la empleada de la gasolinera de Ikaztegieta (Guipúzcoa) se negaron ayer a declarar en la primera jornada del juicio con jurado, formado por seis mujeres y tres hombres, que se está celebrando contra ellos en la Sección Tercera de la Audiencia de Guipúzcoa.El fiscal y la acusación particular reclaman para los tres procesados -Juan Antonio García Altimasberes, Pedro María Ruiz Giménez y Ana Borja Altimasberes- penas que suman en conjunto 72 años de cárcel. Se les imputa la muerte de Izaskun Larrauri, de 41 años, ocurrida el 8 de octubre de 1997 cuando supuestamente estaban cometiendo un atraco en la estación de servicio. Los atracadores se apropiaron de 108.275 pesetas.

La empleada de la gasolinera murió de un disparo de escopeta en la cabeza que presuntamente efectuó Juan Antonio García Altimasberes, de 23 años, el único de los procesados que nunca ha reconocido su participación en los hechos, lo que sí hicieron durante la fase de instrucción Ana Borja, de 28 años, y Pedro María Ruiz, de 20, éste último además en varias ocasiones. Los ladrones tiraron a Izaskun Larrauri al suelo tras asestarle un golpe en la cabeza y le obligaron a permanecer con las manos en la espalda. Después la mataron.

El presidente de la sala, Juan Piqueras, suspendió ayer la vista para estudiar si acepta la petición de las acusaciones de incorporar al acta de la vista las declaraciones efectuadas por los procesados durante la investigación, algo a lo que se oponen las defensas, que reclaman para sus representados la libre absolución.

La fiscal y el abogado de la acusación particular argumentaron que, aunque las manifestaciones hechas en la fase de instrucción no tienen validez probatoria en un juicio con jurado, sí creen que se pueden añadir a éste al entender que existe una contradicción con su actuación anterior, porque los acusados se oponen a declarar lo que antes ya habían manifestado.

Las defensas, por el contrario, consideran que no puede darse al "silencio" de sus clientes el sentido de una manifestación y, por lo tanto, al no existir ésta, tampoco se da una contradicción.

El fiscal pide para Juan Antonio García Altimasberes 20 años de cárcel por un delito de asesinato, cinco por otro de robo con intimidación y uso de medios peligrosos y uno más por tenencia ilícita de armas de fuego. Para Pedro María Ruiz y Ana Borja, ex esposa del primero, pide un total de 23 de prisión para cada uno por iguales delitos, aunque para ambos plantea la alternativa del homicidio y una rebaja de la pena en tres años. La acusación particular, que ejerce la familia de Larrauri, pide penas similares a las que reclama el fiscal.