El Ayuntamiento de Bilbao pide a Zabalgarbi más aclaraciones sobre la incineradora

El Ayuntamiento de Bilbao ha pedido más aclaraciones sobre el proyecto de la incineradora de basuras a la promotora Zabalgarbi, que ya dispone de la declaración de impacto favorable del Gobierno vasco. El consistorio bilbaíno, que debe otorgar los dos últimos trámites para el inicio de la construcción de la planta -las licencias de actividad y obras-, condiciona su visto bueno a la respuesta de Zabalgarbi sobre ocho principales deficiencias. "Si la respuesta es satisfactoria para los técnicos municipales, se tramitarán los permisos", han indicado fuentes municipales.

Aunque no se esperan sorpresas desfavorables para los promotores de la incineradora, la petición municipal, planteada en una reunión bilateral celebrada la semana pasada, retrasará la luz verde definitiva a un proyecto que lleva ocho años para desarrollarse y que ha suscitado una fuerte contestación social. El Ayuntamiento quiere una respuesta a su informe técnico final, que tramitó al Gobierno vasco y en el que apreciaba ocho principales deficiencias en la documentación de Zabalgarbi.Se trata de la ausencia de datos actuales del suelo donde se ubicará la planta, que ha sido el principal argumento esgrimido por los ecologistas pero que en la declaración de impacto ambiental (DIA) del Gobierno no se considera necesario, conformándose con una descripción de las características de la zona del vertedero de Artigas. El consistorio censuraba también el modelo matemático utilizado para medir la dispersión atmosférica y exigía determinar adecuadamente las emisiones "incluyendo la posible manipulación de materiales (escorias, cenizas, etc.) en el exterior y las circunstancias más adversas en el procedimiento de descarga de los residuos sólidos urbanos", y elaborar un estudio de viabilidad sobre la captación de agua potable en épocas de sequía.

Junto a ellas, el informe municipal pedía la concreción "expresa" del desvío de los residuos a otros vertederos, garantías del tratamiento de inertización de escorias y cenizas, un mayor control de la entrada de desechos que "minimice la aceptación de residuos no deseados" y asegurar "absolutamente" la ausencia de filtraciones al canal de Ordunte, situado al lago del vertedero donde se prevé ubicar la planta. "Dado el carácter potable del agua que canaliza, su impermeabilización resulta necesaria en el tramo afectado así como la previsión de afecciones durante las obras de implantación", indicaba.

El Ayuntamiento espera la respuesta inminente de Zabalgarbi, que será analizada por los técnicos municipales. Si se considera suficiente, tramitará en las próximas semana los últimos permisos, según las fuentes consultadas. El pasado verano, cuando el consistorio envió su informe y toda la documentación al Gobierno vasco, delegó en éste la decisión final sobre la autorización. Es decir, si Vitoria daba el visto bueno, Zabalgarbi tendría los permisos del Ayuntamiento. Algunas de las cuestiones del informe final municipal son abordadas por la declaración de impacto, que ha exigido a Zabalgarbi que, antes de que la planta empiece a funcionar, instale más estaciones de control y mediciones continuas de varios parámetros, así como otras medidas para evitar filtraciones al canal de Ordunte como las emisiones atmosféricas. En cambio, cree suficiente el control matemático para medir la dispersión atmosférica, realizado en Sondika.

La plataforma Bizkaia Bizirik, creada en contra la incineradora, y algunas de cuyas alegaciones coincidían con las del ayuntamiento, ha calificado de "chapucera" la declaración de impacto del Gobierno. El proyecto de la incineradora de basuras se impulsó en 1993 y persigue quemar al año 228.000 toneladas de desechos para producir energía eléctrica. La inversión superará los 25.000 millones de pesetas. Actualmente la empresa cuenta con una capital de 2.800 millones. Un 45% procede de instituciones y organismos públicos: Diputación de Vizcaya (20%), Ente Vasco de la Energía (10%), Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, que depende del Gobierno central (10%), y la Mancomunidad de la Margen Izquierda (5%). A ellos se suman la BBK (5%), Babcock & Wilcox (5%), la multinacional francesa Vivendi (25%) y la ingeniería vasca Sener (20%).