Abogados bajo sospecha

Seguir la pista del dinero sucio resulta cada día más complicado. Sobre todo cuando algunos despachos de abogados son capaces de conjugar los intereses comunes de clientes distintos. Los de aquellos que tienen fondos opacos en España y desean situarlos en Suiza y los que, por el contrario, los esconden en el extranjero y necesitan traerlos aquí.El bufete, que conoce los intereses de ambos, casa las dos operaciones sin que se produzca entrada o salida de dinero. El cliente con dinero en el extranjero lo sitúa en un banco de Ginebra a favor del cliente con fondos en España, y los de este último se ponen en Madrid a disposición del anterior. La operación es redonda, y los clientes, que siempre desconocen el origen del dinero recibido, quedan satisfechos.

Este malabarismo financiero es el último descubrimiento de los peritos adscritos a la Fiscalía Anticorrupción que durante meses se han roto la cabeza sin explicarse cómo los fondos ilegales que perseguían aparecían por arte de magia en manos de personas completamente ajenas a la investigación. Detrás del telón estaban, una vez más, un reputado despacho de abogados y una entidad bancaria.

Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe anticorrupción, lo explica así: "En 1999 nos hemos encontrado con varios de estos casos. Los receptores del dinero han sido los primeros sorprendidos por el origen de los fondos que ingresaron a su favor. Estas operaciones, que habían sido diseñadas por abogados, entorpecen nuestra investigación y la dilatan. Al final consiguen la prescripción de los delitos que perseguimos".

El fiscal jefe anticorrupción, que lleva años reclamando medidas de la UE para que los abogados, notarios, asesores fiscales y auditores no colaboren en el blanqueo de dinero, lanza serias acusaciones al primero de estos colectivos: "Importantes despachos de abogados contribuyen de manera decisiva al éxito de estas conductas delictivas. La criminalidad organizada no conseguiría sus objetivos sin estos asesoramientos. No es una afirmación gratuita. Lo vivimos cada día".

El reciente acuerdo del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) responde no sólo a la presión que han recibido de las policías y fiscalías de toda Europa, sino a un movimiento internacional que encabeza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), del G-7, contra el descarado e impune blanqueo de capitales en los paraísos fiscales. Unos territorios, en su mayoría bajo el paraguas del Reino Unido, en los que los despachos de abogados crecen como hongos.

Organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional, con sede en Berlín, han emprendido una cruzada contra los letrados que colaboran activamente en los delitos económicos. Jeremy Pope, su director ejecutivo en Londres, señala a EL PAÍS: "No miento si digo que sin esos abogados criminales la tarea del lavado de dinero sería mucho más difícil. Están implicados en la creación de sociedades off-shore (fuera de territorio) y compañías fantasma para esconder en bancos extranjeros el dinero de traficantes de drogas y funcionarios corruptos".

La voz de alarma llegó a España el 28 de abril de 1997. Jiménez Villarejo recibió, en su despacho del madrileño paseo de Recoletos, una recomendación del Consejo de Europa en la que se alertaba acerca de la utilización que la criminalidad organizada hace de abogados, notarios, contables y auditores de cuentas.

El fiscal no se sorprendió. Varios ejemplos de estas prácticas habían salido a la luz en los casos Banesto e Interlhorce. Unos asuntos a los que luego siguieron otros como el del letrado luxemburgués Jean Paul Goerens, que ocultó en Singapur 1.000 millones robados por Luis Roldán, y otros más que se mantienen en secreto porque continúan en plena investigación judicial.

¿Existe en España esta clase de bufetes? Eugeni Gay, presidente del Consejo General de la Abogacía, medita unos segundos y contesta: "Estoy convencido de que son siempre los mismos. Me preocupa, pero creo que se trata de casos aislados. La mayoría de los abogados no está en esa línea y en ocasiones van más lejos que los fiscales en la defensa del Estado de derecho. Comparto la denuncia de la fiscalía, pero creo que una acusación genérica puede ser muy peligrosa".

Jeremy Pope reconoce que estadísticamente estos letrados "representan una minoría, en la mayoría de los países, pero suficientemente grande para dar mal nombre a la profesión". Jiménez Villarejo habla también de casos aislados -en España hay casi 100.000 abogados colegiados-, pero añade la coletilla de que son muy significativos.

En su opinión, la delincuencia del futuro parece irremediablemente ligada a poderosos despachos de letrados. "Hablamos de los delitos de cuello blanco del siglo XXI, en un mundo sin fronteras y con una economía globalizada. Paralelamente a la liberalización de capitales, este marco está generando actuaciones ilícitas y casos de corrupción, sobre todo comisiones ilegales, que perjudican a las economías de los países de la UE", apostilla el fiscal.

Detrás de los delitos de contrabando contra los que Bruselas busca soluciones coordinadas; detrás de los grandes fraudes tributarios, de las apropiaciones indebidas, de las estafas multimillonarias, de los delitos societarios contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; detrás de las comisiones ilegales que denuncia Transparencia Internacional, aparece con relativa frecuencia la figura del abogado asesor, según denuncia la fiscalía.

Gay distingue las zonas de riesgo en las que no deben entrar los abogados. Recuerda que antes los letrados se ocupaban sólo de defender a sus clientes, pero hoy administran su patrimonio. "El abogado no puede ser el alter ego de su cliente. No puede ser su compañero de viaje ni ayudarle en sus negocios fraudulentos. Corre el riesgo de perder su independencia y entonces no puede pedir el amparo judicial. Por expresar esto me he llevado más de un disgusto", confiesa. Y recuerda los expedientes que ha abierto por esta clase de prácticas.

Secreto profesional

La directiva de la UE, que no obligará a los letrados que defiendan a clientes involucrados en procesos criminales, ha levantado ampollas en la abogacía española. Según sus representantes, supone una "intolerable" violación del secreto profesional.Luís Martí Mingarro, presidente del Colegio de Abogados de Madrid, anuncia una "rebelión civil" de los letrados. "Diga lo que diga una directiva europea, los abogados españoles nos vamos a rebelar ante una medida que si se aprueba nos obligaría a delatar a nuestros clientes. Sería una posición que no estamos dispuestos a aceptar", advierte.

El representante de los abogados dice que está gestionando con el Gobierno una modificación de la propuesta para que se modifique en el Parlamento Europeo y se apruebe, "pero sin tocar ni un pelo el derecho de defensa. Confieso que estoy alarmado. Quiero alertar a los ciudadanos y a los Gobiernos de la trascendencia negativa que tendría aprobar esta propuesta. Supondría un paso atrás irremediable".

Gay señala que la confidencialidad es imprescindible y que sin ella se quiebra el derecho de defensa y la justicia. En su opinión, el secreto profesional está por encima de todo. Y añade: "Si un abogado ha participado en un delito, yo soy el primero en pedir que le metan en la cárcel".

José Antonio Arcila, socio del despacho norteamericano Baker & Mckenzie, uno de los bufetes más influyentes del mundo, asegura que el letrado no puede comunicar a nadie las operaciones de sus clientes, y destaca que el código deontológico lo prohíbe. "Iría contra los principios fundamentales del derecho de defensa", dice. Pero al mismo tiempo reconoce que el abogado no puede convertirse en instrumento para cometer un delito.

Carlos Bueren, ex juez de la Audiencia Nacional que durante su anterior actividad metió a más de un abogado en la cárcel, califica la propuesta de la UE de "ambiguamente peligrosa" e inconstitucional. En su opinión, la delimitación que hace la propuesta de la UE del deber de informar del abogado si se encuentra el caso en un proceso judicial o fuera de él es insuficiente.

El ex magistrado, que trabaja como abogado del despacho Uría-Menéndez, apostilla: "La relación con el cliente puede tener otros perfiles. Un cliente puede consultarte si se puede o no ennegrecer dinero, simplemente para saber si ese mecanismo es o no legal. No podemos denunciarle por esa consulta. La propuesta de la UE no marca los límites del secreto profesional. Tendrán que afinarla". Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y uno de los ministros que han aprobado la propuesta, insiste en que respeta el secreto profesional.

Desde Transparencia Internacional, Jeremy Pope denuncia que en ocasiones los abogados utilizan cuentas de sus clientes para lavar dinero y reclaman privilegios profesionales cuando les preguntan por su conducta. La policía británica investiga a seis prestigiosos bufetes de Londres por blanqueo de dinero. Jiménez Villarejo abunda en esta idea y asegura que es muy difícil obtener de estos profesionales información de las operaciones en las que intervienen, "ya que se amparan en un uso indebido del secreto profesional".

Un informe de Naciones Unidas encargado por Pino Arlachi, la pesadilla de la Mafia italiana, que ahora dirige en Viena la Oficina de Prevención del Delito, señala que el asesoramiento de los abogados a sus clientes en blanqueo de capitales "no debe estar cubierto por el secreto profesional ni por la confidencialidad de su relación".

Jack Blum, que dirigió en el Senado norteamericano las investigaciones sobre los sobornos de la empresa Locckheed Aircraift, y los catedráticos Michael Levi, R.T. Naylor y Phil Williams, autores del informe, afirman que los blanqueadores de dinero recurren con frecuencia a los servicios de abogados poco escrupulosos. "Les asesoran contando con que el secreto profesional, al que están obligados, servirá para amparar la confidencialidad de su relación. Es frecuente que consulten con abogados que no residen en su propio país".

Así, según su diagnóstico, lo habitual es que un norteamericano que desee ocultar dinero consulte con un letrado del Reino Unido que se pondrá en contacto con otro abogado de las Islas Cook. Juntos crean sociedades pantalla y trustes en paraísos fiscales y proporcionan al cliente referencias bancarias para abrirle las puertas del sistema financiero internacional.

En España la mécanica es la misma. Para blanquear dinero es necesario el apoyo de un letrado en el lugar donde se va a ocultar. Eso explica los numerosos bufetes de abogados que el visitante descubre en las tranquilas calles de Luxemburgo (más de 400), en la diminuta isla de Jersey (canal de la Mancha, 40) y en el resto de los paraísos fiscales. Unos territorios que nacieron de la mano del Reino Unido, antes de la guerra fría, como un negocio al servicio de unos cuantos millonarios y se han convertido en un quebradero de cabeza para el sistema jurídico y fiscal internacional.

Para los cuatro autores del informe encargado por la ONU, Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero, "esa asistencia profesional de los abogados en la ocultación del dinero es improcedente tanto desde el Derecho Civil como del Penal, y debe tipificarse como delito".Y añaden: "Se debe advertir a los abogados y al personal contable de que su colaboración en la ocultación del producto del delito los hará reos de un delito auxiliar del principal".

Fuentes comunitarias señalan que poderosos bufetes de toda Europa están moviendo sus hilos para intentar un cambio "total" de la primera propuesta aprobada por los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Ésta tiene que ser refrendada por el Parlamento Europeo. "La presión es enorme. El lobby de los abogados tiene en Bruselas una influencia extraordinaria", advierte un funcionario.