Letrados e ingeniería financiera
La Fiscalía Anticorrupción dice disponer de numerosos ejemplos de la ayuda que prestan algunos abogados para que sus clientes blanqueen dinero. Carlos Jiménez Villarejo, su responsable, describe algunos de estos métodos: "Diseñan operaciones de ingeniería financiera y ponen a disposición del cliente sociedades instrumentales. Al frente de estas últimas colocan a personas físicas que actúan como testaferros y ocultan la identidad del cliente y la verdadera naturaleza de la operación".La Fiscalía resalta que los profesionales de estos bufetes dominan la normativa nacional e internacional. Eso les permite dar una apariencia de legalidad a las operaciones que diseñan, aprovechando con habilidad imprecisiones o lagunas legislativas, así como insuficiencias en los sistemas de control.
Jeremy Pope, director ejecutivo en Londres de Transparencia Internacional, una ONG que lucha contra la corrupción, describe a los letrados que actúan "como intermediarios, agentes locales o agentes a comisión que manejan los cohechos para las firmas internacionales que no saben a qué funcionarios pueden sobornar".
Luis Martí Mingarro, decano de los abogados de Madrid, no está de acuerdo con la Fiscalía y pide pruebas: "Nunca vamos a estar al lado del crimen, pero el asesoramiento está dentro de lo profesional. No hay que demonizar conductas. Si la investigación no conduce a la acusación, no hay acusación. Los fiscales tienen que acopiar pruebas. No vale con lanzar sospechas ni apuntar a los abogados como hace la UE".
Como prueba de su preocupación por la deontología comenta que se ha expedientado a más de veinte letrados. Y aclara que si el abogado es gestor de compañías está sujeto a responsabilidad.
Carlos Bueren, abogado y ex juez, dice: "A las quejas de la Fiscalía hay que ponerles adjetivos: es legal o ilegal. Lo que no está prohibido por el derecho penal está permitido".
Martí reconoce que recibe en su despacho profesional folletos de los bufetes de Panamá y las islas Caimán, y señala que la ingeniería financiera no es delito. "Se trata de optimizar las posibilidades fiscales y de crédito, pero dentro de la ley", dice.
Agustín Guardia, abogado de Blanca Rodríguez, esposa de Luis Roldán, ha declarado como imputado en un juzgado de Pamplona por la desaparición de 200 millones de la cuenta suiza de Javier Otano, el ex presidente socialista del Gobierno de Navarra que cesó al aflorar sus cuentas opacas. La banquera helvética Brigitte Aubert asegura que el letrado recibió ese dinero en su despacho. Él lo niega. Esa cantidad proviene de una presunta comisión de Bosch Siemens.
