Vivienda subirá dos millones el precio de los pisos protegidos al no ser rentables para los constructores
El Departamento de Vivienda se enfrenta a una aparente contradicción: necesita subir el precio de los pisos de protección oficial y sociales (los más baratos de la oferta inmobiliaria) para que resulten atractivos para los constructores y se animen a seguir edificando este tipo de casas. El Gobierno tiene previsto aprobar este mes un decreto fijando el aumento, que rondará el 10%. Así, en función de los metros cuadrados que tenga la casa y si está ubicada en una capital, ese 10% podría traducirse hasta en dos millones de pesetas más para el ciudadano que le toca.
Cambio de coeficiente
La actual dinámica de la oferta inmobiliaria en Euskadi, con el precio de los pisos libres nuevos y los usados por las nubes, hace que el mercado de la vivienda de protección oficial (VPO) cada vez sea menos atractivo para los constructores privados, a los que les cuesta casi lo mismo edificar una vivienda pública que una libre. Sin embargo, para muchos ciudadanos estas casas son su única vía para acceder a un piso.El viceconsejero de Vivienda, Miguel Ángel Delgado, explica que ante la imposibilidad de competir con los márgenes de beneficios que obtiene el constructor al edificar vivienda libre, la intención del departamento con la subida es que siga habiendo viviendas protegidas de promoción privada. En cuanto a las de promoción pública exclusivamente, Delgado también avisó que el precio no se puede mantener más. "Si el Gobierno las vende a diez y a él le ha costado a doce al final el sistema quiebra", avisa.
Delgado, es muy gráfico al analizar la cuestión: "El riesgo es morir de éxito. Durante los últimos años hemos conseguido sacar más promociones que nunca, pero el caso es que ahora la vivienda protegida es tan barata que no la quiere hacer nadie". Desde 1997, el precio de la VPO y de los pisos sociales se ha mantenido estable en torno a una media de diez millones. En el caso de que una vivienda protegida disponga de trastero y garaje y esté bien situada los precios se incrementan. Durante el segundo trimestre de este año la oferta inmobiliaria de las viviendas públicas refleja un precio de 123.000 pesetas por metro cuadrado, con lo que una casa de ochenta metros cuadrados con trastero y garaje ubicada en una de las tres capitales podría rondar los 15 millones de pesetas y 9 millones si se trata de una social.
Mientras, las últimas subidas en el mercado libre en Euskadi (uno de los más caros de España) han superado el 20% de un año a otro. El tradicional informe de la Sociedad Española de Tasación situaba el precio del metro cuadrado construido en Euskadi durante el primer semestre del año 2000 en 296.000 pesetas para Vitoria, 324.500 para San Sebastián y 235.000 para Bilbao.
Para subir el precio de la VPO, el departamento tiene que aumentar primero el coeficiente por el que se multiplica el precio base fijado por el Estado para cada metro cuadrado. En estos momentos, ese precio base es de 98.500 pesetas. A partir de ahí, cada comunidad dispone de una banda legal para multiplicar esa cantidad. En estos momentos, el Gobierno vasco multiplica esas 98.500 pesetas por metro cuadrado por 1,6 si se trata de viviendas ubicadas en las capitales, por 1,5 si los pisos se encuentran en los municipios próximos al área de influencia de la capital y por 1,2 para el resto de la provincia. Cuando se aprueben los decretos este mes, los coeficientes pasarán a ser de 1,8; 1,7 y 1,5 respectivamente y afectarán a las viviendas que se empiecen a construir a partir de su entrada en vigor, no a las que ya estaban comprometidas antes. Por ejemplo, si en el caso de Vitoria una vivienda tipo de 80 metros cuadrados, con garaje y trastero ronda los 15 millones de pesetas, que resultan de multiplicar 98.500 por 1,6 y de sumar 1,5 millones de garaje y 900.000 pesetas de camarote, con el nuevo decreto esa vivienda pasará a costar 1,5 millones más (un 10%) al ciudadano que la consiga en uno de los sorteos que organiza el Gobierno o los ayuntamientos.
El viceconsejero subraya que el departamento ha escuchado las demandas del sector y que no ha tenido más remedio que modificar el coeficiente. "Si queremos que haya viviendas protegidas sólo se pueden subir los precios para que los constructores tengan expectativas de beneficios".
