Populares y socialistas se muestran abiertos a pactar la Carta Social con el Gobierno vasco

Un día después de someter al Gobierno de Juan José Ibarretxe a sendas mociones de censura, PP y PSE han expresado su disposición a cerrar un acuerdo con los partidos del Ejecutivo sobre la Carta Social, el proyecto de construcción social más importante en el que se ha embarcado el Parlamento y que afronta su recta final de debate tras tres años de discusiones. Pese al diálogo de sordos que preside la política vasca, la ponencia que trata la cuestión está dispuesta a cerrar el proyecto antes de fin de año y ha fijado una reunión casi definitiva para el 30 de octubre.

Cuantía de la renta

La ponencia se reunió el pasado jueves, media hora antes de comenzar el pleno de las mociones de censura, para consensuar el calendario de trabajo. Entre otras cosas, acordaron que en el contacto del día 30 cada partidoaporte su propuesta sobre el importe de la renta básica (un salario para todos los ciudadanos excluidos del mercado laboral), la cuestión más compleja de la Carta Social. Por primera vez en los tres años que la ponencia lleva trabajando, Euskal Herritarrok (EH) no acudió a la reunión. En su momento, EH subrayó la importancia de esta iniciativa, hasta el punto de convertirla en el centro de su política social y uno de los motivos de su presencia en el Parlamento vasco. La representante socialista en la ponencia Gemma Zabaleta confirmó a EL PAÍS que su partido no va a hacer una "causa política" de este asunto y que si se producen los consensos mínimos en las cuestiones básicas (cuantía de la renta básica, beneficiarios y jornada de 35 horas) se puede alcanzar el acuerdo. "Una cosa es que el PSE presente una moción de censura a Ibarretxe porque considera que una parte de la sociedad no se siente ni amparada ni protegida por la acción del Ejecutivo y otra pactar sobre un tema que es de justicia social. No hay ninguna intención de bloquear el proyecto", aseguró.

El parlamentario del PP Fernando Maura destaca la idea de que su partido quiere que el proyecto de la Carta Social salga adelante. "No se puede vincular este tema con la situación política que se vive en el País Vasco. Hay cuestiones en las que los partidos nos podemos poner de acuerdo, como es el terreno social. Nadie quiere dar marcha atrás porque lo conseguido hasta ahora con la instauración del salario social es positivo". Así, PP y PSE afrontarán con este deseo de consenso la reunión del día 30.

En estos momentos, las diferencias que separan a los partidos se circunscriben sobre todo a la cuantía de la renta básica. Mientras que el PSE ha planteado que al menos debe ascender al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ahora ronda las 71.000 pesetas, Izquierda Unida reclama el 100% del mismo, EA que se sitúe en una horquilla entre el 75 y el 100% y el PNV acepta la propuesta socialista. Por su parte, el PP prefiere que no se hagan referencias al SMI y que se establezca una cuantía basada en criterios propios. Según Maura, "si se ofrece el Salario Mínimo Interprofesional puede llevar a desincentivar a algunos ciudadanos a buscar trabajo, pero si nos quedamos por debajo es posible que no se lleguen a cubrir las necesidades reales. Hay que abstraerse de este indicador y buscar una fórmula propia".

Joseba Arregi, del PNV, puntualiza que, por ahora, su partido no ha planteado una propuesta por escrito sobre la cuantía, aunque el propio lehendakari anunció en el debate de política general celebrado en septiembre que su Gobierno es partidario de instaurar una renta básica del 75% del SMI. "Veremos si el día 30 es posible llegar a un arreglo entre todos que tenga viabilidad porque hasta ahora no hemos entrado de lleno en la cuantía. La voluntad de todos es tirar de este carro hacia adelante y que la Carta Social no quede postergada otra legislatura", señaló.

Mientras, la presidenta de la ponencia, Nekane Alzelai (EA), resalta la buena sintonía que presiden los trabajos de este foro, donde las ofertas de transacción son aceptadas por todos. Al igual que Arregi, Alzelai precisa que la Carta Social no es un proyecto del Gobierno, sino una iniciativa legislativa popular que entró en el Parlamento gracias al apoyo de 83.000 firmas de ciudadanos vascos. "Es la Cámara a quien corresponde gestionar esta propuesta. El Gobierno en su momento tendrá que desarrollarla, pero si sale adelante el mérito es de todos los partidos que han trabajado en la ponencia". De esta forma, PNV y EA parecen renunciar a la posible rentabilidad que un Gobierno puede sacar a una iniciativa como la Carta Social, que constituirá un hito en la política de bienestar social en España.

Si el día 30 se alcanza un consenso, el trabajo se acelerará y, según Alzelai, sería factible cerrar el acuerdo antes de final de año. Así, la futura Ley de la Carta Social sustituiría a la actual Ley contra la Exclusión Social, aprobada en 1998. Se trata de una ley de mínimos ya que intenta establecer las condiciones básicas de supervivencia. La normativa compagina ayudas asistenciales con trabajo e incorpora los convenios de inserción entre el perceptor del salario social y la Administración.