Lengua

La desestimación por parte del TSJ valenciano de un recurso de la Universidad Jaume I de Castellón contra la paralización de sus estatutos por la denominación del territorio (País Valenciano) y de la lengua (catalán) no podía ser más oportuna. Y no por producirse en vísperas de la efeméride nacional de los valencianos, en la que la poca pero muy biodiversa consciencia indígena hace acopio de argumentos para el entusiasmo propio y la agitación política de la fecha. Oportuna para Zaplana, claro, que acaba de retomar la eterna partida de envite de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, suspendida por las contrariedades que afligen al contrincante y principal partido de la oposición, con un requiebro judicial en la banda. Su estrategia se nutre de este tipo de espaldarazos, puesto que sólo al PP le interesa -y le renta- mantener la sensación de que existe un conflicto lingüístico y demostrar que está de parte de la legalidad, como ratifican unas sentencias que no se fijan en base a preceptos científicos sino estatutarios. Y el Estatuto de Autonomía, como sabe cualquiera que conozca su proceso de elaboración, no es precisamente una ciencia exacta, aunque tampoco el PSPV hizo nada cuando sus mayorías absolutas se lo permitían para que lo fuera. Para el PP, mantener en suspenso la aprobación de esos puntos en los estatutos de las universidades de Castellón y Valencia supone agudizar esa contradicción entre lo que dice el Estatuto y lo que defienden las universidades y la oposición, con la ciencia en la mano, pero fuera del marco estatutario. En ese terreno, todo recurso que se interponga en el TSJ valenciano es engordar el argumentario de Zaplana, puesto que la ley siempre le dará la razón y sobredimensionará un conflicto que sólo pervive en las mentes que lo atizan para desgastar al adversario, para amarrar votos huérfanos y -de nuevo- para vender periódicos que manchan de azafrán a quien los toca. Mientras no se demuestre lo contrario, la Acadèmia no enmienda al Estatuto, por lo que ese desajuste siempre permitirá una fricción jurídica, incluso social, aunque al grueso de la sociedad valenciana le importa un pito.