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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Aquellos lodos

El pasado lunes, la sucursal española de la empresa sueco-canadiense Boliden anunció que en el plazo de un año cerrará las minas sevillanas de Aznalcóllar por las elevadas pérdidas, unos 15.000 millones de pesetas, de la explotación, de la que depende, directa o indirectamente, el 90% de las familias de esa localidad. Boliden alcanzó triste fama a raíz del escape, en abril de 1998, de 5,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas y residuos mineros de una balsa de sus instalaciones mineras. El Gobierno nacional y el andaluz han invertido 30.000 millones en la limpieza de lodos de las 4.000 hectáreas de la periferia del parque natural de Doñana que se vieron afectadas. Cuando se dicte sentencia en el juicio que se sigue por este asunto, en el que están imputados seis directivos de Boliden, se sabrá quién tiene que pagar esa cantidad.No se puede forzar a una empresa a que acumule indefinidamente pérdidas. El problema es que Boliden se ha visto beneficiada por generosas subvenciones que tenían como principal objetivo la continuidad de la actividad empresarial: 5.022 millones de pesetas desembolsados por el Gobierno central y 1.255 millones aportados por la Junta de Andalucia. Boliden ha cobrado esas cantidades en los últimos cinco años, salvo 450 millones que aún debe abonar la Junta y que posiblemente la empresa tiene derecho a cobrar pese a haber anunciado su próximo cierre patronal. La cuestión es si resulta moralmente permisible que Boliden deje en el lodo a toda una comarca después de esa importantísima inyección de dinero público.

Tras la rotura de la presa, los Gobiernos central y autónomo se tiraron los lodos a la cabeza, perdiendo tiempo y energías en acusaciones mutuas de negligencia en el control de la balsa. La historia amenaza con repetirse ahora. A la vista de la suspensión de pagos, el PP andaluz se ha apresurado a pedir que la Junta explique el destino de sus ayudas. Así debe ser. Pero no se entendería que el Gobierno de la nación no hiciera lo propio con sus 5.000 millones de subvención.

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