Expulsados dos de los miembros de la tripulación del buque 'Unity XI'

La Brigada de Extranjería de San Sebastián expulsó el pasado 28 de septiembre a dos de los miembros marroquíes de la tripulación del Unity XI, el buque del que saltaron 45 inmigrantes magrebíes cerca de la bocana del puerto de Pasajes el 9 de agosto. La repatriación de los marineros a Marruecos supone la culminación del expediente que se inició contra ellos por abandonar el barco y desplazarse a Bilbao. Mientras tanto, el carguero continúa fondeado en el puerto guipuzcoano.

SOS Racismo denunció ayer la expulsión de los dos marineros marroquíes. "El expediente de expulsión nunca se debió haber iniciado. Su incoación demuestra la capacidad de abuso hacia los extranjeros que proporciona a la policía la Ley de Extranjería, la de antes, la de ahora y la que vendrá". Los dos marroquíes desaparecieron del barco en agosto. La policía no tuvo que realizar demasiadas pesquisas. Ambos se presentaron voluntariamente en comisaría días después. SOS Racismo asegura que simplemente se desplazaron a Bilbao para contactar con la Federación Internacional de Transporte (ITF), sindicato que podía gestionar sus demandas laborales. El Unity XI permanece fondeado en Pasajes desde 9 de agosto. En su interior malviven nueve miembros de la tripulación, según la ONG. Dependen para subsistir "de la solidaridad" de asociaciones como SOS Racismo o del párroco de Pasajes, que les suministran alimentos y otros enseres de primera necesidad. "La tripulación", denuncian, "está abandonada a su suerte por la empresa que les contrató y sin cobrar sus salarios desde que se embarcaron en el buque".

El Unity XI fue retenido en Pasajes después de que 45 magrebíes sin papeles saltaran al mar cerca del puerto. El capitán y los cuatro oficiales fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de inmigrantes y los 38 ilegales mayores de edad, expulsados de inmediato, sin haber recibido asistencia letrada. Precisamente el CEAR y SOS Racismo interpusieron sendas denuncias contra la Subdelegación del Gobierno por esta causa. El Juzgado de Instrucción número 5 planteó una cuestión de competencia y ahora un tribunal de lo contencio archiva las actuaciones por considerar que no le competen, aunque no se pronuncia sobre el fondo de la denuncia penal.