La SEPI realizará una 'macroauditoría' para conocer el estado de RTVE

Con la adscripción de RTVE a la SEPI, el Gobierno abrió ayer la puerta a un nuevo modelo de gestión en un grupo de comunicación que a finales de 2001 habrá acumulado una deuda de 800.000 millones. Pero, antes de definir el plan estratégico que aplicará al Ente Público, el Ministerio de Hacienda realizará una macroauditoría para conocer con detalle la rentabilidad, productividad y viabilidad de la compañía.

La gran auditoría que proyecta la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es independiente de los controles que cada año realiza la Intervención Delegada de Hacienda en RTVE. El pormenorizado estudio de las cuentas del ente y de su plantilla desmenuzará, departamento a departamento, todas las áreas de la radio y la televisión estatal, según explican fuentes del ente público.A la hora de abordar esta gran auditoría, que estará finalizada antes del próximo verano, la SEPI mantendrá contactos directos con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, y con el director general del ente público, Javier González Ferrari, según las mismas fuentes.

También prevé contar con la colaboración del Consejo de Administración de RTVE y con los sindicatos representados en el comité general intercentros. Aunque el Gobierno asegura que no se contempla la privatización, una de las opciones para atajar el gigantesco endeudamiento es "redimensionar" la empresa. Concluida esta primera fase, el siguiente paso estaría dirigido a reformar el Estatuto, una normativa que todos los grupos políticos consideran obsoleta.

La adscripción de RTVE al organismo que preside Pedro Ferreras fue autorizada ayer por el Gobierno y persigue la aplicación de los criterios de gestión empresarial de la SEPI al grupo de comunicación. Hacienda formulará un plan estratégico "que permita compaginar la prestación de servicio público con el saneamiento financiero de la deuda y del déficit de explotación del que tradicionalmente ha venido adoleciendo RTVE".

Para facilitar este trasvase y dejar a salvo el Estatuto -un texto aprobado en 1980 por amplio consenso parlamentario-, el Gobierno ha tenido que remover la legislación. En concreto, ayer introdujo modificaciones -a través de la addenda al anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social- en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y en la Ley de Creación de Determinadas Entidades de Derecho Público.

El traspaso a la SEPI se ha llevado a cabo sin que oficialmente el Consejo de Administración de RTVE haya sido informado de que la gestión del grupo será capitaneada por Hacienda. Para el presidente del consejo, Miguel Ángel Sacaluga, la opacidad con la que han actuado el Gobierno y la Dirección General de RTVE son una muestra de "desprecio" a ese organismo. Máxime cuando hace apenas una semana los consejeros aprobaron por unanimidad una declaración en la que reclamaban un "amplio acuerdo parlamentario" para abordar la reforma del Estatuto y solucionar el problema de la deuda financiera.

A través de un comunicado, el presidente del consejo califica de "lamentable" e "inadminible" el trasvase de RTVE a la SEPI y plantea la posibilidad de que tras esta operación existan "problemas legales".

Venta de Telemadrid

En cuanto a la privatización de los canales autonómicos, el Ejecutivo no ha entrado a valorar la anunciada venta de Telemadrid mediante subasta, compromiso adoptado por el presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón (del PP) esta semana. El ministro portavoz, Pío Cabanillas, aseguró ayer que la necesaria reforma de la Ley del Tercer Canal "no está sobre la mesa" de discusión del Ejecutivo ni por el momento existe proyecto alguno al respecto.Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, Cabanillas aconsejó no dar "mayor trascendencia" al anuncio efectuado por Ruiz-Gallardón, y recalcó que existe una ley en vigor (aprobada en 1983) según la cual no es posible enajenar o privatizar las televisiones autonómicas. Aunque la venta de los canales regionales forma parte del programa electoral del Partido Popular, Cabanillas dijo que la legislatura es larga.