La Fiscalía lleva a juicio a 12 jóvenes por la consulta sobre la deuda externa

La Fiscalía llevará a juicio por desobediencia y alterar el orden público a 12 jóvenes que colaboraron en la consulta popular sobre la abolición de la deuda externa celebrada el 12 de marzo coincidiendo con las elecciones generales. Éstos son los únicos casos conocidos en los que se juzgará a participantes o colaboradores de aquella consulta, según explicó ayer la abogada Ester Capella, que coordina la defensa de los implicados. Los juicios se llevarán a cabo el 5 de octubre en Sant Feliu de Llobregat y el 10 en Mataró (Maresme).

Los acusados son jóvenes de Corbera de Llobregat, Alella y Teià (Maresme). Más de medio millón de personas, entre ellos muchos de los candidatos catalanes que concurrieron a las elecciones generales, participaron en Cataluña en la consulta y dieron su voto a favor de la abolición de la deuda externa.La consulta fue organizada por la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa para preguntar a los ciudadanos si estimaban oportuno que el Gobierno condonase la deuda externa a 84 países del Tercer Mundo. Pero fue prohibida por la Junta Electoral Central, que consideró que podía interferir en las elecciones generales.

La red contó con el apoyo de más de 1.400 entidades cívicas y ONG y con 20.000 voluntarios que se distribuyeron por las más de 8.000 mesas repartidas en 400 municipios de toda España. Las Fuerzas de Seguridad del Estado impidieron que los miembros de la Red Ciudadana colocaran algunas de las mesas electorales donde pretendían recoger los votos, además de incautarse de las urnas instaladas en diversas poblaciones, según denunció la organización. La red denunció que, en Cataluña, la consulta se celebró "en malas condiciones" en Vic, Vilanova i la Geltrú, Mataró, El Prat y Tortosa y pese a ello reunió más de 500.000 votos, casi todos afirmativos.

La abogada defensora anunció que solicitará la absolución de los jóvenes porque no han perjudicado ningún bien jurídico protegido ya que no hubo alteración alguna de orden público. Además, pedirá la absolución en virtud del principio de territorialidad de la ley penal pues, a su juicio, no se puede aplicar la ley de forma parcial y acusar en determinados lugares y en otros, no.