Antonio ya no es un "peligro social"

Eran tiempos de incertidumbre. Arias Navarro estaba al frente del Consejo de Ministros. Fraga ostentaba la cartera de Gobernación. Areilza y Garrigues se hacían cargo de Asuntos Exteriores y Justicia, y Adolfo Suárez aparecía en escena como un "desconocido" heredado del Movimiento. Según dice Carrillo en sus memorias, la efervescencia que impregnó las calles en los primeros meses de 1976 "hizo gran presión sobre los reformistas". Todo estaba a punto de ser diferente.Pero hasta que esos reformistas actuaron por fin, los episodios oscuros se sucedían con la más absoluta impunidad. Uno de los testimonios documentales que daba fe de ello fue destruido ayer en la Sala de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El amarillento expediente 138/99, abierto el 5 de marzo de 1976 a Antonio Ruiz como sujeto "peligroso social" por su condición de homosexual, ya no existe. Una máquina trituradora convirtió informes de forenses, autos judiciales, autos policiales y fotos en blanco y negro hechas en los calabozos de la antigua cárcel de Valencia en diminutas tiras de papel imposibles de recomponer.

Antonio Ruiz no ha querido que su historia forme parte de la historia. Desde hace cinco años esperaba el momento de rasgar con sus propias manos las páginas más dolorosas que sobre él se han escrito.

Todo empezó por culpa de una monja. Antonio, entonces con 17 años, el mayor de cinco hermanos y huérfano de padre, decidió el 4 de marzo de 1976 decirle a su madre que era homosexual. Para ella fue un disgusto, algo imposible de entender. ¡Qué dirían en el pueblo, todo Xirivella señalaría a su hijo con el dedo! Sin pensarlo, acudió aquella misma tarde a ver a una amiga monja en busca de ayuda. A las seis de la madrugada del día 5, cuatro agentes de la policía secreta se personaron en su casa, sacaron a Antonio de la cama y lo llevaron a los calabozos de la Comisaría Central de Valencia. La delatora vestía hábitos.

Durante tres días, le sometieron a interrogatorios. Querían saber con quién o quiénes, por qué y cómo había tenido relaciones sexuales. Al cuarto día, le llevaron ante el juez de peligrosidad social, quien le recriminó lo despreciable que era por ser "maricón". Tras las reprobaciones de rigor, le anunció que sería trasladado a un colegio. Ese centro educativo se llamó primero cárcel Modelo de Valencia; después, prisión de Carabanchel (Madrid), y definitivamente, cárcel de Badajoz. Cumplió tres meses de condena y volvió a Valencia.

La pena tenía letra pequeña. El juez, sin que haya sentencia de por medio, le advirtió de la "conveniencia" de alejarse más de 100 kilómetros de Xirivella. Y Antonio se marchó a Dènia. Pasó el tiempo, ya mandaban los reformistas, el cambio tomaba cuerpo de democracia, Constitución, derecho a la igualdad... Pero en 1984, cuando Antonio solicitó el pasaporte, descubrió que su condición de "peligroso social" no había sido abolida por la Constitución y necesitaba un permiso judicial para salir del país. Concedió una tregua a la burocracia y olvidó el incidente.

En 1995, cuando la Carta Magna ya era mayor de edad, una dotación policial le pidió la documentación en un control. Antonio no la llevaba encima y esperó a que los agentes comprobasen sus datos. El comentario entre los policías fue el principio del fin: "¡Ten cuidado con éste, es un mariquita!". Bastó para evidenciar que la condición delictiva pretérita por su opción sexual figuraba aún en alguna parte.

Antonio inició un proceso que acabó en un reconocimiento de su derecho a que se eliminara su expediente. La fiscalía recurrió el dictamen porque consideraba que el documento tenía valor histórico, como los otros 800 que custodia la Consejería de Cultura de Valencia y que tienen un origen similar. Se creó una comisión de expurgo para evaluar la presunta trascendencia histórica. Pero aunque dicha comisión estimó que "sin expedientes como el de Antonio será difícil de creer dentro de pocos años que los homosexuales han sido perseguidos", finalmente ha tenido que aceptar el segundo dictamen del Consejo General del Poder Judicial.

Desde ayer, con el protocolo que merecía el acto de expurgo selectivo, una muesca aparece en el relato de la transición, la que deja el expediente destruido de Antonio Ruiz. Ningún papel da fe de parte de su pasado. Sólo queda una fotocopia sellada y a buen recaudo.