Los rectores piden al Gobierno que aborde de inmediato la reforma de la universidad Consideran "muy preocupante" que los cambios no se hayan anunciado para este curso

Los rectores consideran "muy preocupante" que el Gobierno no apruebe una nueva ley de universidades en la primera mitad de la legislatura. En opinión de los responsables de las universidades, Educación debería empezar a trabajar en los próximos días en el proyecto para tener listo un primer borrador en junio, señala el presidente de la Conferencia de Rectores, Saturnino de la Plaza; sin embargo, en los planes anunciados por la ministra Pilar del Castillo para este curso no ha mencionado esta reforma. Los rectores aseguran que consensuar la nueva ley para que nazca con "vocación de permanencia" llevará tiempo, ya que deberá aunar los intereses de las universidades y de los gobiernos central y autonómicos.

Planes del ministerio

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, ha asegurado a este periódico que "todavía no hay noticias de las intenciones del ministerio", y que en la CRUE consideran que deberían recibir una invitación de Educación "en los próximos días" para definir el calendario de trabajo para este curso sobre la reforma"; sin embargo, los rectores tienen ya fijada una reunión con la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, para tratar el tema de la investigación en la universidad.De la Plaza, que ha participado en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), considera que este curso es clave para que se perfile la futura ley y afirma que "no sería lógico afrontar la reforma sin escuchar previamente a los rectores", por lo que su expectativa es que se empiece a trabajar "desde ya mismo". Los rectores esperan, además, que se realice una revisión con detenimiento de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), aprobada en 1983, y no una reforma de puntos concretos. "Si se quiere una universidad de calidad, que forme a los profesionales que la sociedad necesita, que actualice los contenidos que enseña y propicie la investigación, hace falta poner al día toda la LRU", señala De la Plaza.

Puntos conflictivos

El secretario de Estado de Educación, Julio Iglesias de Usell, recordó recientemente también en la UIMP que existe un compromiso explícito del presidente del Gobierno, José María Aznar, y de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, de aprobar la reforma universitaria antes de que acabe la presente legislatura, pero de momento el ministerio no ha dado absolutamente ningún paso al respecto.

Pilar del Castillo acababa de anunciar, en la misma universidad de verano, sus numerosos planes de actuación para el presente curso. Entre los enumerados por la titular de Educación no figura un proyecto de ley de universidades antes de junio de 2001, tal como pretenden los rectores. Del Castillo quiere presentar al Consejo de Ministros antes de fin de año dos reales decretos que modificarán las enseñanzas mínimas comunes en secundaria, sobre todo en el primer ciclo de la ESO. La reforma de las humanidades que pretende el PP desde la anterior legislatura se incluiría en esos decretos.La ministra ha anunciado también que en la primera mitad del próximo año se presentará un proyecto de ley para reformar la formación profesional y otro proyecto de ley (en este caso sería una ley orgánica) con el que modificaría la LOGSE, la LODE y la LOPEG.

Tampoco se ha pronunciado el Gobierno del PP respecto a la posibilidad de tener en cuenta el informe Universidad 2000, encargado por la CRUE, en la futura reforma de la universidad. El documento, conocido también como informe Bricall, ha sido estudiado durante el verano por diferentes universidades y será discutido a finales de este mes en la Asamblea General de la CRUE, antes de ser remitido al Congreso junto a las observaciones que han hecho de él los diferentes claustros universitarios. Según Saturnino de la Plaza, el debate en torno al informe continuará hasta finales de año y se irán incorporando al mismo las reflexiones que sigan llegando a la CRUE.

De la Plaza opina que con el inicio del curso se intensificará el debate sobre los puntos más conflictivos del informe Bricall, entre ellos la reforma del gobierno y la gestión de las universidades, la reestructuración de las enseñanzas o las nuevas figuras de profesorado y personal de administración y servicios universitarios. Uno de los aspectos a debatir es, por ejemplo, si es preciso exigir el doctorado para dar clase en cualquier ciclo de la universidad. Según De la Plaza, no hay perder de vista que muchos profesores que dan clase en escuelas técnicas no haría falta necesariamente que fueran doctores y ni siquiera licenciados; basta con que sean diplomados o profesionales, y si se les exige el doctorado, se les dificulta el acceso. La CRUE enviará el informe a los diferentes partidos políticos, junto a las observaciones que ha recibido del mismo, a partir de octubre.