El Consejo Jurídico dice que la construcción del Palacio de Congresos depende de Cultura

El proyecto del PP de erigir un palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil de Alicante, al que se oponen diversos colectivos ciudadanos, salvó ayer uno de los últimos escollos administrativos camino de la licencia de construcción. El Consejo Jurídico Consultivo avaló ayer la idoneidad del trámite seguido para modificar el planeamiento urbanístico de Alicante, que impedía la obra, aunque matizó que la decisión última corresponde a Cultura, dada la proximidad del paraje elegido al castillo de Santa Bárbara y su muralla, declarados Bien de Interés Cultural.

El dictamen emitido ayer por el Consejo Jurídico Consultivo, órgano asesor autónomo cuyas opiniones son preceptivas pero no vinculantes, se limita a reconocer que el Ayuntamiento de Alicante "tiene potestad" para modificar su normativa urbanística para adecuarla a la ejecución de un proyecto. Los expertos avalan, de esta forma, el procedimiento administrativo seguido por el PP para construir un palacio de congresos en el monte Benacantil, pero no entran a valorar la idoneidad de la propuesta y, más aún, indican que esa consideración corresponde a los técnicos de Patrimonio de la Consejería de Cultura.Cuando el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, lanzó la idea de construir el palacio en ese paraje, para lo que recibió casi de inmediato el apoyo del Consell, se encontró con que diversas normativas urbanísticas de ámbito local impedían la obra. Para superar esos escollos, el PP se vio obligado a modificar el Plan Especial del Monte Benacantil, sujeto a normas de protección, y un artículo del Plan General de Ordenación Urbana que impedía una obra de las características propuestas en ese lugar.

Las críticas de diversos colectivos ciudadanos, contrarios a lo que califican de "agresión" a dos de los principales hitos urbanos de Alicante (el Benacantil y la fortaleza de Santa Bárbara, ambos declarados Bien de Intrés Cultural, BIC), y las sospechas de que el incumplimiento de la Ley de Patrimonio podían frustrar el proyecto, motivaron la consulta al Consejo Jurídico, que tramitó el consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón.

Pese al aval que ha recibido ahora el procedimiento seguido, en el aire queda si, como mantienen los partidos de la oposición, se ha violado la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, en vigor desde 1998. Esa norma obliga a los ayuntamientos a disponer, antes de junio de 1999, de un plan especial de protección de sus zonas BIC, con delimitación exacta de sus perímetros, pero Alicante todavía no ha tramitado ese documento. Tanto el PSPV como EU han anunciado que si el proyecto de palacio de congresos en el Benacantil sigue adelante, acudirán a los tribunales con ese argumento para intentar paralizar las obras.

El palacio de congresos se ha convertido en caballo de batalla política en Alicante. En el primer pleno del presente mandato, celebrado en julio de 1999, el PP impuso su mayoría absoluta en el Ayuntamiento para dar vía libre al proyecto, basándose en que contaba con todas las bendiciones jurídicas y urbanísticas. El alcalde Díaz Alperi ha mantenido siempre que se trata de un compromiso electoral, y que no puede "defraudar a los votantes".

La polémica creció a partir de ese momento, y el caso llegó al seno del Consell Valencià de Cultura, que precisó de dos reuniones, en octubre y noviembre del año pasado, hasta apoyar la iniciativa, y con pronunciamientos particulares en contra.

Unos meses más tarde, en marzo de 2000, la Comisión Territorial de Urbanismo dio luz verde al proyecto, ahora respaldado por el Consejo Jurídico.