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Bruselas lanza la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos

Carlos Yárnoz

La Comisión Europea analizará hoy el anteproyecto de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el que se recogen los valores comunes que deben servir de referencia a los ciudadanos de los 15 Estados de la Unión. La Carta podría convertirse en el embrión de una futura Constitución Europea. Se trata de un marco general global de derechos ciudadanos recogidos a lo largo de 52 artículos. Sindicatos, organizaciones feministas y fuerzas sociales progresistas consideran el texto "insuficiente" y hasta "regresivo" en algunos aspectos.

Una buena administración

"Ha llegado la hora de demostrar con hechos que queremos pasar de la unión económica y monetaria a la unión política, y la Carta es un primer paso fundamental", señala un portavoz de la Comisión. "Una Carta de Derechos Humanos es necesaria ahora porque la UE ha entrado en una nueva fase de su integración, la política. La Carta es un jalón muy importante de esta Europa política, que está en camino de constituirse en un espacio integrado de libertad, seguridad y justicia". Así se expresa el comisario portugués Antonio Vitorino, encargado de la cartera de Interior y Justicia, en la comunicación que ha enviado para ser estudiada hoy por la Comisión.El proyecto de la Carta, elaborado por más de 60 representantes de los jefes de Estado y de los parlamentos nacionales y europeo, se refiere de forma esquemática a seis valores fundamentales: la dignidad de las personas, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. Incluye igualmente artículos concretos sobre la libertad de investigación científica, la libertad de empresa, la protección de la propiedad intelectual o la protección a los trabajadores en caso de despido injustificado.

Comunicado crítico

La Carta, cuya primera redacción como proyecto se realizó a finales de julio pasado, también incluye algunos derechos explícitos que habitualmente no son recogidos en este tipo de textos. Así, el artículo 39 se refiere en estos términos al "derecho a una buena administración": "Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Este derecho incluye en particular el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en su contra una medida individual que le afecte desfavorablemente (...) Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas oficiales de éstas y recibir una contestación en esa misma lengua".De acuerdo con el principio de universalidad de los derechos, la mayoría de los recogidos en la Carta son aplicables a todos los ciudadanos, si bien hay algunos específicos sobre las personas no europeas residentes en la Unión, los trabajadores o los niños ("los niños tienen derecho para su bienestar a la protección y a los cuidados necesarios" y "podrán expresar su opinión libremente").

Es el capítulo sobre los trabajadores, el relativo a los derechos económicos y sociales, el que ha levantado hasta el momento mayor polémica, y así lo refleja en su comunicación a la Comisión el comisario Vitorino, quien considera ese apartado como "el más difícil". De entrada, en la Carta no están recogidos, de forma explícita, los derechos a la huelga, al trabajo, a una remuneración justa o a un salario mínimo.

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Por ese motivo, las organizaciones sindicales europeas que han seguido de cerca el proceso de elaboración de la Carta critican la ausencia de esos principios. Organizaciones feministas y ONG también reclaman la inclusión de derechos ciudadanos más concretos.

Incluso las mujeres que forman parte del grupo que elabora el texto (denominado la Convención) han suscrito un comunicado crítico con el contenido general del mismo."Ciertamente, pueden faltar algunos principios de relativa importancia, pero si se descendiera al detalle sería imposible redactar este embrión de Constitución, porque ya es un milagro recoger una lista de derechos básicos que en ningún caso choquen con las legislaciones nacionales y los intereses de los Quince", comenta un portavoz de la Comisión.

En su escrito a la Comisión, el comisario Vitorino propone que el Ejecutivo europeo brinde "su apoyo inicial" al proyecto, aunque él mismo incluye diversas sugerencias al articulado porque entiende que puede ser mejorado en los próximos meses. De hecho, ayer mismo hubo otra reunión de los redactores del texto.

En principio, está previsto que los jefes de Estado estudien el proyecto en la cumbre de Biarritz el próximo mes. Serán también los jefes de Estado los que decidan si la Carta se incorpora o no a los Tratados de la UE, si bien su aprobación y alcance definitivos se conocerán en la cumbre de Niza, en diciembre.

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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