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El Rectorado de la UPV denuncia a la Fiscalía el 'caso Odontología'

El País

El Rectorado de la Universidad del País Vasco (UPV) puso ayer en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vizcaya las irregularidades descubiertas en la gestión del decano de la Facultad de Medicina, Javier Goiriena, y de la directora del Departamento de Estomatología, Monserrat Barranquero, al frente de este área y de la clínica Odontológica, según informaron fuentes universitarias.El equipo rectoral, que rehusó hacer comentario alguno sobre el asunto, decidió trasladar el caso Odontología a los tribunales después de que el rector, Manuel Montero, analizara esta semana el resultado de la auditoría de las cuentas del departamento en los ejercicios de 1998 y 1999, realizada por el servicio de control interno. De este informe y de los dos anteriores -uno interno y el otro externo sobre las cuentas de 1997, que encargó el anterior rector, Pello Salaburu- se deduciría, según las mismas fuentes, la existencia de una veintena de irregularidades, algunas de ellas de relevancia penal. La mayoría se refieren a una posible malversación o apropiación de fondos públicos en el departamento y en la clínica Odontológica de la UPV, en la que realizan sus prácticas los alumnos de Estomatología.

Javier Goiriena, quien ayer no había recibido notificación oficial del traslado de las pesquisas a los tribunales, se negó a valorarlo hasta ser informado oficialmente. Al margen de esta actuación, la UPV tiene abiertos en el ámbito académico sendos expedientes disciplinarios contra Goiriena y Barranquero, que siguen de baja médica.

La UPV sigue investigando las supuestas irregulades académicas

El Rectorado decidió trasladar su denuncia al Ministerio Público en virtud del artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala: "Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción". El Rectorado considera que en la auditoría realizada por el servicio de control interno sobre los dos últimos ejercicios económicos cerrados por el departamento de Estomatología, los de 1998 y 1999, existen indicios de delitos de diversa índole.La Fiscalía estudiará ahora la documentación que ayer por la mañana le hizo llegar uno de los miembros del equipo rectoral. Dos auditorías previas, una interna y otra externa, revelaron que Barranquero fue al mismo tiempo responsable de compras de Estomatología y administradora y propietaria de varias empresas del ramo, algo supuestamente incompatible con ostentar la dirección del departamento. En una de las empresas, con sede social en Bilbao, compartía la propiedad con Goiriena.

Por su parte, el instructor designado por la comisión de disciplina de la Junta de Gobierno de la UPV -Goiriena, que es uno de sus miembros, quedó al margen todas las actuaciones respecto al caso Estomatología como afectado que es- proseguirá por el momento investigando las supuestas irregularidades de índole académica supuestamente cometidas por el decano de Medicina y la directora del departamento de Estomatología, señalaron fuentes universitarias.

Tanto Goiriena como Barranquero siguen al frente de sus cargos. No obstante, ambos se encuentran de baja. Cuando la comisión de disciplina comenzó a investigarles, Montero instó al decano a dimitir, ruego que éste rechazó.

La denuncia realizada ayer por la mañana por el Rectorado ante la Fiscalía es consecuencia de una larga investigación que ha tenido diversos capítulos. Comenzó hace un par de años con una auditoría del ejercicio de 1997 sobre el departamento de Odontología que realizó el servicio de control interno de tiene la UPV. Éste halló diversas irregularidades, lo que llevó al entonces rector, Pello Salaburu, a encargar otra auditoría a la firma PricewaterhouseCoopers.

El asunto quedó congelado durante las elecciones a rector, entre finales de febrero y comienzos de marzo pasado. Montero, vencedor en una reñidísima elección, conoció el resultado de las investigaciones al tomar posesión, el 20 de abril. Diez días después ordenaba la intervención de la gestión económica del departamento de Estomatología y de la clínica Odontológica. Esta decisión supuso en la práctica dejar al decano de la facultad y a la directora del Departamento de Estomatología al margen de las actividades económicas de ese área. También ordenó la auditoría interna de las cuentas de 1998 y 1999, cuyos resultados han motivado la remisión del caso a la Fiscalía.

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