Todas las comunidades autónomas se suman al plan de ayudas al girasol

Todas las comunidades autónomas se han sumado al plan agroambiental para el apoyo al girasol que debe ser aprobado por Bruselas, para el que el Ministerio de Agricultura ya ha fijado las condiciones de cultivo.La Administración central fija la posibilidad de conceder ayudas desde 6.000 hasta 10.000 pesetas por hectárea. Los gobiernos regionales han apostado por unas ayudas de 6.000 pesetas por hectárea durante el primer año y de 8.000 pesetas en el segundo año, con la posibilidad llegar a las 10.000 pesetas el tercero.

De estas ayudas, la Unión Europea aportará el 75% de los fondos en zonas desfavorecidas y el 50% en las demás. La parte restante será aportada por igual entre el Ministerio de Agricultura y por las comunidades autónomas.

El plan agroambiental para el girasol está pendiente de aprobación por Bruselas, prevista para el próximo otoño. Sin embargo, ante la certeza de recibir luz verde en la UE, el Gobierno publicó un real decreto el pasado 4 de agosto, con el fin de que se pudieran pagar las ayudas desde esta misma campaña. Ello ha supuesto a las comunidades autónomas tomar posiciones durante las últimas semanas, ante el establecimiento por parte de Agricultura de un plazo para solicitar las ayudas que termina el próximo 15 de septiembre.

En medios agrarios y de la industria extractora de pipa, que han batallado durante el último año para la concesión de una ayuda complementaria al girasol para mantener su cultivo, se ha acogido con decepción el hecho de que los gobiernos regionales se hayan decidido por conceder la ayuda mínima marcada por Agricultura.

La última reforma de la Política Agrícola Común supuso para el girasol una reducción de la ayuda de 94,24 euros por tonelada a solamente 63 euros, una cifra igual a la que recibirán los cereales en el plazo de dos años.

Para compensar esa rebaja y para que se siguiera cultivando el girasol, se abogó por un apoyo agroambiental. Éste no se concede de forma gratuita, sino siempre que los agricultores cumplan una serie de exigencias, que suponen mayores costes.