La Audiencia de Málaga rechaza que la captura de inmaduros sea delito

Las cuatro querellas presentadas hace un año por la Fiscalía malagueña contra otros tantos armadores por capturar inmaduros abrió una vía penal sin precedentes en la comunidad andaluza que ahora amenaza con cerrarse. La única denuncia que se ha resuelto hasta el momento ha sido desestimada por la Audiencia Provincial de Málaga, que entiende que los hechos "no pueden encajarse" como un delito contra la fauna -como pretendía el Ministerio Público- sino que constituyen tan sólo una infracción administrativa.

Las otras tres querellas siguen su curso en otros tantos juzgados malagueños. La persecución penal contra la captura de inmaduros fue un empeño de la Consejería de Agricultura y Pesca, que consideraba insuficiente la imposición de una multa administrativa para quienes se lucran esquilmando los caladeros. La Fiscalía se hizo eco de aquella demanda y a principios del verano de 1999 abrió el frente judicial con las querellas. Las cuatro embarcaciones denunciadas eran legales y tenían permiso para atracar en el Puerto de Málaga. Pero la pretensión del Ministerio Fiscal y de la Consejería de sentar en el banquillo de los acusados a los autores de esta práctica ilegal de momento no ha logrado su objetivo. La Audiencia malagueña ha desestimado el recurso del fiscal contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 3, que consideró que el armador no incurrió en delito alguno. Fuentes judiciales creen que la resolución complicará la lucha contra esta práctica ilegal que trae de cabeza a la Consejería y a la Guardia Civil, que en lo que va de año se han incautado de más de 17 toneladas de inmaduros.

El Ministerio Público fundamentó las querellas en el artículo 335 del Código Penal que permite perseguir la pesca de alevines, no así la comercialización y el transporte, que no están tipificados como delitos y por tanto sólo son sancionables por vía administrativa. A pesar del revés sufrido por la Fiscalía en la primera querella, las otras tres siguen tramitándose en otros tantos juzgados de la capital. En calificaciones fechadas entre marzo y junio, el fiscal reclama para los armadores entre tres y seis años de inhabilitación para la pesca y multas que oscilan entre las 360.000 y las 420.000 pesetas. Dos de los patrones de barco denunciados fueron sorprendidos en el puerto en varias ocasiones con barreños con cientos de kilos de alevines.

Aunque las querellas fueron presentadas contra embarcaciones censadas, tanto el sector pesquero como el Gobierno central como el autonómico comparten el criterio de que la persecución de esta práctica ilegal no puede centrarse sólo en la flota legal, ya que si no se actúa por igual contra los furtivos, se estaría dando lugar a una situación de agravio comparativo.

Según los últimos datos facilitados por la Junta, de enero a julio los decomisos se incrementaron en Málaga un 23% con respecto a 1999. La Delegación de Pesca estima que a final de año se superarán los 25.632 kilos incautados el año pasado y que por lo tanto se alcanzará una cifra récord en las intervenciones.