El modelo balear de 'ecotasa' aportaría unos 5.500 millones adicionales en Andalucía

El consenso que los promotores de la ecotasa plantean como requisito imprescindible para su aplicación está muy lejos de alcanzarse. La creación de un canon que grave la actividad turística y cuya recaudación permita financiar programas de protección y regeneración del medio ambiente ha originado un acalorado debate en Andalucía. El último leño al fuego lo ha echado el presidente provincial del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, que ha considerado la ecotasa "una agresión a la Costa del Sol y al turismo parida por mentes de secano que ni tienen, ni viven, ni saben qué es el sector turístico ni en qué consiste".Los Verdes e IU, principales formaciones partidarias de la ecotasa, pidieron ayer serenidad al PP y que se aleje de planteamientos demagógicos.

Por encima de declaraciones más o menos estridentes, partidarios y detractores del canon ecológico comparten la necesidad de hacer compatible el desarrollo del turismo, principal motor de la economía andaluza, con la protección ambiental de una comunidad en la que se localizan la mitad de los espacios naturales protegidos de España.

La oposición más radical a la ecotasa la viene ejerciendo la patronal hotelera, que incluso ha advertido al Gobierno andaluz de que recurrirá a los tribunales cualquier proyecto de implantarla. Curiosamente, estos empresarios vienen lamentándose de los riesgos para el sector del poco cuidado de los entornos, de los efectos perversos que puede tener el nuevo auge inmobiliario y de los retrasos en la ejecución del plan de saneamiento integral que mejore la calidad de las playas. Pero consideran sin embargo que un nuevo impuesto castigaría el bolsillo de los turistas y acabaría "ahuyentándolos" porque sería usado como argumento de desprestigio por otros destinos competitivos.

El Gobierno central y los empresarios turísticos atribuyen la crisis que este año ha conocido el sector en Baleares a la ecotasa que, aunque aún no ha sido implantada, consideran que el anuncio de su ha ejercido un mero anuncio ha tenido un efecto disuasorio.

El parlamento balear aprobará el próximo mes el proyecto de ecotasa, según el cual cada turista que se aloje en un establecimiento hotelero de las islas pagará un euro adicional por cada día de estancia. Los hoteles de Baleares registraron el año pasado 58 millones de pernoctaciones, con lo que la recaudación de la ecotasa sería de 9.768 millones de pesetas.

La extrapolación del modelo a Andalucía permitiría, con los datos de movimiento hotelero del año pasado (33,4 millones de pernoctaciones) unos ingresos adicionales de 5.570 millones de pesetas. Hay que tener en cuenta que casi un millón de estas pernoctaciones la realizaron residentes en Andalucía que, si quedaran exentos del impuesto, supondría una merma de unos 1.300 millones de pesetas. Además, casi la mitad de los turistas que llegan a Andalucía no se alojan en establecimientos hoteleros reglados, por lo que quedarían libres del canon si se optara por el modelo balear. Los hoteleros ven en este dato un nuevo argumento para criticar la injusticia del impuesto.

Los Verdes estiman que podrían recaudarse 20.000 millones de pesetas cobrando 1.000 pesetas a cada turista, aunque esta concepción presenta problemas importantes de operatividad.

Hasta el momento, la Junta apenas ha dado pasos hacia la implantación de la ecotasa. No sólo existe división entre los dos socios, PSOE y PA, sino que entre los socialistas no parece existir una opinión unánime.

El anterior consejero de Turismo, José Núñez, se opuso tajantemente a la ecotasa, pero su sucesor, el andalucista José Hurtado, abrió al tomar posesión una posibilidad a, al menos, mantener un debate. Pero la fuerte oposición del sector le ha hecho recapacitar. "El futuro del turismo pasa por la defensa del medio ambiente, lo que no está tan claro es que la única medida sea la aplicación de un impuesto a los turistas", sostiene. El diputado andalucista, Ildefonso Dell´ Olmo, reconoció ayer que el consejero "no ve con simpatía" la ecotasa.

La consejera de Medio Ambiente, la socialista Fuensanta Coves, anunció en junio la constitución de un grupo de expertos para estudiar la posible implantación de una fiscalidad ecológica. Entre los compromisos normativos contemplados en el acuerdo programático entre el PSOE y Los Verdes figura la "introducción de medidas de fiscalidad ecológica de acuerdo con los sectores implicados y en coordinación con otras comunidades autónomas". Los Verdes llevarán al próximo comité de enlace un borrador de proyecto de ley.