La rapidez del proceso español evitó el debate por las concesiones

El pastel británico

Subasta o concurso. Ése fue el debate que se eludió en España durante el proceso de concesión de las cuatro licencias de telefonía móvil UMTS. La rapidez con la que se desarrolló todo (cinco meses desde que el Gobierno anunció la fecha de convocatoria del concurso hasta que se adjudicaron las licencias) impidió valorar las ventajas de cada sistema. Ahora, vistas las cantidades astronómicas que otros Estados europeos van a recaudar por la venta del mismo servicio, surgen las dudas sobre qué criterio favoreció el concurso y desterró la idea de una subasta.El Gobierno hizo públicos los nombres de los ganadores de la licencia el pasado 13 de marzo, cuando saboreaba la victoria electoral lograda el día anterior. Los cuatro agraciados (Telefónica, Airtel y Amena, que ya operaban en telefonía móvil, y el consorcio Xfera, la única nueva incorporación) se comprometieron a desembolsar 86.000 millones de pesetas. No se calculó entonces cuánto dinero estaba dejando de ingresar el Estado por un servicio que en otros países se iba a pagar a precio de oro. A cambio, España conquistaba el honor de ser el primer país del mundo en utilizar tecnología UMTS (desde agosto de 2001). En la concesión de licencias fue el segundo, después de Finlandia.

La ventaja de ser los primeros de Europa pasó a un segundo plano cuando se conocieron los precios pagados en la subasta que adjudicó en abril las licencias en el Reino Unido: 6,5 billones de pesetas. A partir de ahí surgieron las primeras voces que cuestionaban la conveniencia de haber optado por este procedimiento en España.El Gobierno siempre alegó que el concurso era el mejor método para asegurar el desarrollo tecnológico (las operadoras se comprometieron a invertir tres billones de pesetas). El Ministerio de Fomento, entonces capitaneado por Rafael Arias-Salgado, aseguró que Bruselas no había puesto ninguna pega al procedimiento español. Pero tras la subasta británica, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés (que asumió las competencias de telefonía con el nuevo Gobierno) se vio obligada a defender de nuevo el sistema de concurso en el Parlamento. El concurso español fue transparente, según Birulés, y "mejor que el sistema de adjudicación por subasta".

El método elegido para otorgar las licencias no ha sido el único problema del caso español. Uni2, que concursaba en el consorcio Movi2 y perdió, al igual que Mobilcom, recurrió en junio la decisión del Gobierno por supuesta falta de transparencia.