Entrega fallida

El afán de apuntarse éxitos políticos fáciles ha provocado el contraste entre las entusiastas manifestaciones hechas el viernes último por el portavoz del Gobierno sobre la entrega a Italia del mafioso Giovanni Greco y la cruda realidad de su fuga, conocida poco después. La grandilocuencia gubernamental respecto a la cualificación de Greco como "uno de los jefes más importantes de la Mafia italiana", y la vinculación de la supuesta entrega con el supuestamente trascendental acuerdo del Consejo de Ministros con el convenio firmado el 20 de julio entre los ministros de Justicia de España e Italia para la persecución de las mafias, sólo contribuyen a añadir ridículo a la situación.El fiasco es manifiesto, a no ser que el objetivo perseguido por el acuerdo de extradición de Giovanni Greco y de otros peligrosos mafiosos no sea su entrega a la justicia italiana que les reclama, sino el alejamiento de nuestro territorio en dirección desconocida. Sólo así se entenderían las palabras del portavoz, Pío Cabanillas, de que los mafiosos "no van a encontrar cobijo legal aquí". El propio fiscal jefe de Palermo, Piero Grasso, a pesar de la fuga de Greco, se declaró el lunes "muy satisfecho" por la decisión gubernamental española, sin importarle demasiado la huida del delincuente. Esa actitud italiana resulta coherente con la obstinación en no cumplir las exigencias garantistas del Tribunal Constitucional español de que el condenado en ausencia "pueda impugnar la condena para salvaguardar sus derechos de defensa". Con esa condición, bastante sensata, Italia se aseguraría la entrega de delincuentes.

La responsabilidad de los poderes públicos, españoles e italianos, es la de detener, juzgar y condenar, en su caso, a los delincuentes, especialmente cuando están acusados, como Greco, de dos asesinatos y otros numerosos delitos. La estrategia de alejar la patata caliente de unos personajes correosos y molestos es de todo punto inaceptable con la responsabilidad exigible a las autoridades, en cuyas manos se encuentran los instrumentos legítimos de coerción, no para que los esgriman amenazadoramente, sino para que los usen.

Y en ningún caso es de recibo la autocomplacencia de ambos países en la persecución de un mafioso al que en realidad empujan hacia terceros países.