Oscuro vertido

El vertido de miles de litros de carburante tóxico al Tajo poco antes de que el río envuelva a la ciudad de Toledo ofrece perfiles poco claros. Las explicaciones facilitadas por los responsables de la central son tan oscuras como el fuel bombeado al río. Resulta increíble que se hayan producido tantos fallos concatenados, de manera que los restos del combustible rebosante de un tanque fueran a parar al río. Todo induce a sospechar que los sistemas de control de la central, o están obsoletos o las escasas personas encargadas de su vigilancia no se encontraban en guardia. Tiene escasa justificación que un accidente de este calibre tardara cuatro horas en comunicarse a las administraciones responsables, y más de doce en alertar a los regantes. Cuando todos los mecanismos de control han fallado, resulta aventurado asegurar que la cifra exacta del vertido haya sido de 25.000 litros. Los técnicos que trabajan en el cauce aseguran que la cantidad real podría ser cuatro veces mayor.

Aunque la central térmica haya cumplido su ciclo de vida y esté en vías de remodelación, no se comprende que en una misma arqueta se mezclen las aguas pluviales con las que contienen residuos de carburante. La instalación de instrumentos de seguridad es cara, pero nunca supera el coste de reparar las consecuencias cuando el accidente ocurre.

Como viene siendo habitual, al desastre ha seguido el aburrido intercambio de acusaciones e intentos de escurrir el bulto por parte de las administraciones concernidas (las comunidades de Castilla-La Mancha y de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente).

Es bastante descorazonador, porque, aunque no sea comparable a lo ocurrido en el río Guadiamar, por ejemplo, contaminado por millones de litros de aguas con metales pesados, la contaminación del Tajo por vertidos de aguas residuales sin depurar o por fuel es un desastre fácilmente evitable. Tanto por la industria, con un mínimo de medidas de seguridad, como por las administraciones encargadas de garantizar el cumplimiento de esas medidas, elevando, si fuera preciso, las sanciones previstas, que algunas empresas prefieren pagar antes que invertir en medidas eficaces de seguridad. Y prohibiendo a los ayuntamientos que aún lo hacen el vertido al río de sus aguas negras.