El PSOE pide al Gobierno que retrase un mes la reforma de la ley a cambio de un gran pacto

El PSOE reclamó ayer al Gobierno una demora de un mes en la aprobación del nuevo proyecto de Ley de Extranjería, que el Ejecutivo tiene programado ratificar de nuevo en el Consejo de Ministros de mañana, para consensuar algunos aspectos con todos los partidos, instituciones y sectores sociales implicados en ese fenómeno. El PSOE elaborará en estas vacaciones un documento alternativo que ofrecerá al Gobierno en septiembre y en el que contemplará la inmigración desde una perspectiva "política y moral" con el fin de que España lidere la solución a este problema en la Unión Europea.

Apoyo de la CEAR

El futuro portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, fue nombrado ayer presidente del grupo de trabajo que ha formado ese partido para elaborar durante este verano una contrapropuesta al proyecto de ley que el Gobierno quiere aprobar este viernes. Ese documento, que persigue un gran pacto de Estado sobre inmigración, debe estar terminado entre el 8 y el 10 de septiembre, cuando será remitido al Ejecutivo para su consideración.Caldera demandó del Gobierno algo de flexibilidad en sus intenciones y renunció, a cambio, a que el PSOE convierta en el futuro este problema en un arma política arrojadiza para desgastar al Ejecutivo. El PSOE reclama, eso sí, otro talante a la hora de abordar la discusión del fenómeno de la inmigración como algo bastante más complejo que una reforma legal precipitada en el Parlamento, que en cualquier caso contaría con su contribución, pero ya desde unas posiciones más duras.

El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, comentó ayer que no conocía las intenciones del PSOE de paralizar el proyecto del Ejecutivo, pero sí se alegró de que los socialistas hubieran "decidido entrar en la fase de negociación".

En primer lugar, el PSOE cree imprescindible tomar en consideración las recomendaciones legales planteadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre este proyecto. También mantiene que es necesario consultar al Consejo Económico y Social, y defiende que se tengan en cuenta la opinión y los cupos que sean capaces de admitir las comunidades autónomas y los ayuntamientos. "El entorno de los inmigrantes es la ciudad", resumió Caldera.

El PSOE entiende que ese proyecto integral que persigue podría colocar a España al frente de la Unión Europea al afrontar este asunto. Entre las bases que formarán parte del futuro documento de trabajo del PSOE, que se nutrirá en parte de la proposición de ley tramitada en su día y rechazada por el PP, está la necesidad de un gran consenso político y social; contemplar una ordenación del problema desde el origen, con más programas de ayudas en los países que exportan inmigrantes; coordinarse con comunidades y municipios; más servicios sociales para los implicados; un endurecimiento del control en las fronteras y de las penas contra las mafias que trafican con seres humanos; y darle una adecuada dimensión a los derechos humanos y libertades públicas de los inmigrantes.

El PSOE, en cualquier caso, sostiene que a los más de 50.000 inmigrantes que no serán regularizados en el proceso abierto por el Gobierno -el plazo para solicitar la regularización terminó el 31 de julio- hay que darles una salida para no dejarles en España en situación ilegal. Los socialistas son partidarios de reincorporarlos más tarde dentro de los cupos ordinarios que ya prevé la actual ley en vigor.

Los socialistas aún no han mantenido ningún contacto con el Gobierno para avanzarles estas ideas y tampoco se la expusieron los interlocutores de Interior al ministro, Jaime Mayor Oreja, en la cena que celebraron el pasado lunes. Lo harán cuando tengan su documento terminado, al que invitarán a sumarse a los partidos y organizaciones que secundaron el pasado diciembre el proyecto de ley vigente, que se aprobó en contra del criterio del Ejecutivo de José María Aznar pero con la unanimidad de la oposición.

Esta iniciativa del PSOE fue ayer muy bien recogida por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. La CEAR valoró en un comunicado como "muy oportuna" esta petición del PSOE al Gobierno. "En este consenso deberían quedar incluidos los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de inmigrantes y el conjunto de organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de los extranjeros, debatiendo los problemas reales que implica esta materia, sin caer en un discurso alarmista o demagógico con fines partidistas".Por su parte, el portavoz adjunto de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, recordó al PSOE que ese espíritu de gran pacto de Estado sobre inmigración ya se hizo cuando todos los partidos menos el PP apoyaron la vigente ley. Y apostilló: "No vale un nuevo consenso porque esa ley aprobada era un texto de mínimos". El vicepresidente del CGPJ, Luis López Guerra, aseguró ayer en El Escorial que no son convenientes cambios precipitados en la ley.