El Gobierno advierte de que los inmigrantes no regularizados serán expulsados de España

"Habrá un cierto número de personas que no podrán quedarse en España". El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, disipó así todas las dudas que sindicatos, fuerzas políticas y ONG habían planteado en relación con las medidas que tomará el Ejecutivo con aquellos inmigrantes que quedarán excluidos del proceso extraordinario de regularización que empezó el 21 de marzo y finalizó el pasado día 31 de julio

"Habrá un cierto número de personas que no podrán quedarse en España". El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, disipó así todas las dudas que sindicatos, fuerzas políticas y ONG habían planteado en relación con las medidas que tomará el Ejecutivo con aquellos inmigrantes que quedarán excluidos del proceso extraordinario de regularización que empezó el 21 de marzo y finalizó el pasado día 31 de julio. Más de 50.000 personas, según datos de los agentes sociales y las propias estimaciones de Fernández-Miranda, podrían ser expulsadas del país por permanecer indocumentadas, tal y como establece el texto reformado de la Ley de Extranjería que el Gobierno aprobará el próximo viernes en Consejo de Ministros.

El secretario de Estado para la Inmigración presentó ayer las cifras oficiales de la regularización, que han desbordado todas las previsiones iniciales. Son casi 225.000 las solicitudes presentadas en toda España, de las que hasta el momento se han resuelto 101.517. De éstas, han sido concedidas 85.526, mientras que se han denegado 12.710 y otras 3. 200 están sin clasificar o han sido archivadas. Cataluña, con 58.000, y Madrid, con 48.796, concentran el 40% del total de las solicitudes, seguidas por Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias.

Estar en España antes del 1 de junio de 1999 era el requisito principal para acogerse al proceso de regularización. Todos los inmigrantes que no hayan demostrado su estancia antes de esa fecha o hayan llegado después generarán una bolsa de extranjeros que, de quedarse en el país, permanecerán ilegalmente. Fernández-Miranda eludió hablar de "expulsiones", aunque afirmó que las personas que se encuentren en esa situación "no podrán estar legalmente entre nosotros". Además, trató de justificar las posibles expulsiones: "No podemos hacernos cargo de que se garanticen los derechos de las personas en situación irregular y, por tanto, es mejor para nosotros y para ellos, que podrían ser explotados. Esperamos que sea el menor número posible de personas posible porque éste ha sido un proceso modélico", añadió.

Asimismo, recordó que los que no obtengan el permiso de residencia "siempre podrán agotar todas las vías administrativas recurriendo las resoluciones tal y como les permite el procedimiento, o bien acogerse a los próximos contingentes". El hecho de que, pese al proceso de regularización, todavía queden personas en situación de irregularidad en España se contradice con el objetivo del Gobierno, reiterado ayer por Fernández-Miranda, de "poner el contador de la inmigración a cero para conocer la realidad de la cual arrancamos".

Del total de 224.959 solicitudes presentadas, el 58%, unas 131.000, corresponden a personas que nunca antes habían intentado regularizar su situación. A las que obtengan una resolución favorable, se les concederá un permiso de residencia por un año. Los 10.762 solicitantes que habían sido titulares de un permiso anterior obtendrían otro permiso por un periodo superior al que antes hubiesen tenido. Aquellos que han cursado la solicitud como familiares de residentes comunitarios, 11.800 según Interior, conseguirán un permiso de residencia por cinco años.

La procedencia de los inmigrantes que solicitaron normalizar su situación en España es principalmente de Marruecos (32,3%), Ecuador (12,9%) y Colombia (7,7%). Por sectores, más de un tercio (34,5%) de las peticiones son para trabajar en el servicio doméstico, seguidas de la construcción (19,6%) y la hostelería (11,8%).

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