Guipúzcoa y Vizcaya exigirán a Madrid que el Concierto Económico tenga carácter indefinido

Las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya van a plantear al Gobierno del PP la aprobación de un nuevo Concierto Económico vasco que sea indefinido y "no tenga fecha de caducidad". Álava no ha tomado postura al respecto, aunque reconoce que será un elemento importante en la discusión. En "vísperas" de las negociaciones que mantendrán las administraciones central y vasca para renovar el pacto económico, cuya vigencia alcanza hasta el 31 de diciembre de 2001, los diputados de las haciendas vascas coincidieron ayer en que el acuerdo será "complicado".

Vaivenes políticos

La negociación del Concierto Económico deberá resolver, entre otras muchas cuestiones, el nuevo periodo de vigencia de este instrumento del autogobierno vasco. Los diputados de las haciendas forales de Guipúzcoa y de Vizcaya, Antton Marquet y Javier Urizarbarrena, respectivamente, anunciaron ayer en San Sebastián que "no tiene sentido que el Concierto tenga fecha de caducidad". Marquet precisó que un Concierto indefinido "es posible", y puso el ejemplo de Navarra, comunidad donde "no tiene limitación en el tiempo".Guipúzcoa y Vizcaya, regidos por los nacionalistas, defenderán ante el Gobierno central la aprobación de un régimen indefinido, que no esté sujeto a revisiones periódicas. Según Urizarbarrena, la vigencia del Concierto "es uno de los temas que se debe resolver definitivamente", por lo que "si se elimina el elemento de la caducidad, habremos dado un paso muy importante hacia adelante", indicó.

El responsable de las finanzas de Álava, Juan Antonio Zárate, del PP, no expuso en ningún momento su opinión al respecto, y se limitó a reconocer que la duración del futuro Concierto "será un elemento importante en el debate" entre las instituciones vascas y el Gobierno de Aznar.

El Concierto Económico vasco regula las relaciones de orden tributario entre el Euskadi y el Estado, y su aplicación permite a las tres haciendas forales la recaudación de los impuestos concertados. Además de la repercusión económica que tiene esta ley, es un instrumento de autogobierno, pues otorga soberanía fiscal a las administraciones forales. Aprobado el 1 de junio de 1981, y renovado por última vez en 1997 cuando Ibarretxe era vicelehendakari, ha suscitado numerosos encontronazos con el Gobierno central, y también con la Comisión Europea, como consecuencia de la interpretación que han hecho las instituciones forales de su capacidad normativa en materia tributaria.

Marquet apuntó en este sentido que el Concierto "no puede estar sometido a los vaivenes de la política", y abogó por que todas las instituciones implicadas "hagan una defensa ardorosa" de este pacto económico con el fin de "evitar la judicialización" de la capacidad normativa vasca. "Hay que eliminar esa espada de Damocles que pende constantemente sobre las decisiones de las Juntas Generales vascas", manifestó.Por su parte, Urizarbarrena auguró una negociación "extremadamente complicada" con el Gobierno central, por lo que reclamó el "apoyo de la iniciativa civil". "Tiene que calar en los ciudadanos de Euskadi", explicó, "la idea de que el Concierto es bueno para todos y debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance para recuperar un sentimiento colectivo de reivindicación del Concierto".

Zarate aclaró que Álava compartirá la misma normativa con el resto de las instituciones vascas, pese a que reconoció la posibilidad teórica de tener un concierto separado con el Estado, como sucede con Navarra. "Desde el punto de vista práctico y político no defendemos esa posibilidad", precisó.

Los tres diputados forales se reunieron ayer en San Sebastián convocados por Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, que ha impulsado la creación de un comité científico para el estudio del Concierto vasco y el Convenio navarro.

Con tal fin, se celebrarán cuatro conferencias, una en cada una de las capitales vasca y navarra, espaciadas entre los meses de octubre y enero próximos. Eusko Ikaskuntza también ha preparado unas jornadas en las que intervendrán académicos, representantes políticos, empresariales y sindicales, de la Comisión Europea, así como de las instituciones vascas, quienes debatirán sobre la incidencia económica del Concierto, sus límites y los litigios que ha ocasionado, entre otras cuestiones.