La Audiencia Nacional investiga una gran red de venta ilegal de Viagra en Internet

"Ahora, Viagra en la red. Compre Viagra sin necesidad de receta médica y recíbalo en su domicilio de forma cómoda y económica". Ése era uno de los anuncios de la presunta estafa consistente en la comercialización de Viagra (y recetas para comprarla) a través de Internet que está investigando la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno se ha declarado competente para instruir un proceso en el que, por el momento, se encuentran implicadas cuatro personas. La policía calcula que la farmacia virtual fue empleada por unos mil usuarios en España y en el extranjero, de los que más de la mitad tienen menos de 45 años.

Un pueblo de Zaragoza

La historia se inició cuando Javier López, de 36 años, residente en un pueblo de la provincia de León, envió una denuncia al buzón de correo electrónico del Ministerio del Interior en la que afirmaba que había recibido en su propio correo un mensaje en el que le ofrecían comprar Viagra (un medicamento contra impotencia) y el envío de una receta para la adquisión del medicamento a su nombre a cambio de una cantidad de dinero en una cuenta corriente del Banco Español de Crédito. La compra debía confirmarse enviando un correo electrónico.Además, en una página web de Internet, http://www.e-art.net/viagra (dominio ya anulado), habían colocado los detalles para la venta de las pastillas. En esa página se ofertaban lotes de cinco pastillas a 1.900 pesetas la dosis, así como la expendición de recetas médicas a nombre de los potenciales compradores. En el dominio de Internet (también anulado) http://usuarios.iponet.es/metodo/viagra/frascos.htm, en cambio, la oferta era de un frasco de 30 pastillas de 100 miligramos por 114.000 pesetas y 10.000 pesetas más por las gestiones. El precio de mercado es de unas 17.000 pesetas por ocho pastillas de 100 miligramos. La policía cree que los hechos podían constituir delito contra la salud pública, falsedad documental o simplemente una práctica defraudatoria.

Compra en Gibraltar

Las primeras investigaciones realizadas por el Grupo de Delitos Informáticos de la Brigada de Delincuencia Económica determinaron que como titular de la cuenta de Internet figuraba una empresa con domicilio social en la localidad de Malón (Zaragoza),y que se dedica a la fabricación de palés de madera para el transporte de materiales de construcción. El usuario de la dirección de correo electrónico era Eduardo B. D. Los titulares de la cuenta corriente donde debía ingresarse el dinero eran Alberto Mesa y un hermano.El Juzgado de Tarazona (Zaragoza) se hizo cargo de las investigaciones inicialmente y ordenó los registros de la empresa y domicilio de los hermanos. Alberto Mesa colaboró de inmediato con las investigaciones y precisó que había creado la empresa Electronic Art, perfectamente legal, de la que es administrador, que se dedica a la elaboración de páginas web en Internet para empresas, que ellos tienen un dominio de su propiedad y que vendieron un subdominio a la empresa IPM Gibraltar, cuyo propietario es el ciudadano sueco Erik Larssen. Larssen, según Mesa, contrató, al igual que otras empresas, sus servicios para elaborar la página web, publicidad en la red y gestión del cobro de los productos que vendía. "Nosotros no conocíamos al señor Larssen, ni le hemos visto nunca", aseguró Alberto Mesa.

"Solicitó la compra del subdominio a través de correo electrónico y también que nos hiciéramos cargo de la gestión del cobro de los productos. Le reenviamos el dinero que cobrábamos por transferencia bancaria, aunque, claro, le hemos cobrado por el trabajo que hemos hecho, pero no nos hemos lucrado con el negocio que él llevaba. Así que somos los perjudicados y le vamos a denunciar", afirmó.

Mesa añadió que parece ser que Larssen compraba los frascos de Viagra en Gibraltar y los remitía por correo. "Nosotros no hemos visto el medicamento ni de lejos", precisó. De las recetas, Mesa dijo no saber nada.Eduardo B. no fue localizado ayer en su domicilio, mientras que Larssen se encuentra en paradero desconocido.

El fiscal ha informado a favor de que el caso se investigue en la Audiencia Nacional, no porque el monto de lo defraudado afecte a la economía nacional, sino porque los presuntos delitos se han cometido por toda España y en el extranjero.

El juez Moreno tiene previsto como primera medida completar la relación de perjudicados con la finalidad de realizarles el ofrecimiento de acciones que marca la ley. Posteriormente, aunque todavía ni siquiera se ha planteado la cuestión, ni el fiscal lo ha solicitado aún, tomará declaración a los implicados.

Fuentes que conocen las investigaciones señalaron que más de la mitad de los clientes eran personas menores de 45 años, y muchos de ellos de entre 18 y 22 años.