España e Italia crean el primer espacio común de justicia de la UE para combatir a la Mafia

España e Italia acordaron ayer crear el primer espacio común de seguridad y justicia en Europa para combatir a la Mafia y el crimen organizado. Ángel Acebes y Piero Fassino, ministros de Justicia de ambos países, firmaron un acuerdo en Madrid por el que habrá un reconocimiento mutuo de sentencias, desaparecerá el proceso clásico de extradición y los delincuentes reclamados se entregarán a la justicia de forma inmediata. Mientras se ultiman estas reformas, que deberán aprobar los parlamentos de ambos países, los mafiosos juzgados en rebeldía en Italia seguirán blindados en España.

Nuevo proceso de extradición

Eliminar los obstáculos e impedimientos que favorezcan la aparición de zonas de " impunidad" en el seno de sus territorios es el objetivo del acuerdo, pionero en su género, firmado ayer por el que se crea un espacio común judicial y policial entre España e Italia para combatir a la Mafia, el terrorismo y el crimen organizado.España se ha convertido en el santuario más seguro de la Mafia italiana y Ángel Acebes, ministro de Justicia, reconoció ayer que la mejor forma de solucionar esta embarazosa situación, que irrita al Gobierno, a la Dirección Nacional Anti-Mafia y a los jueces italianos, es profundizar en la colaboración jurídica en el marco de la Unión Europea.

Los dos países quieren seguir la senda marcada en la reunión del Consejo Europeo en Tampere (Finlandia) en la que se estableció como prioridad de la UE la creación de un espacio común en el terreno judicial y policial. Según los expertos, esa es la única forma de luchar contra los delitos transnacionales.

La presencia de destacados mafiosos italianos en España, miembros de Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana y la organización 'N Drangueta calabresa, cuya extradición niega el Tribunal Constitucional por haber sido juzgados en rebeldía, ha servido de argumento a ambos gobiernos para crear el primer espacio común de justicia y seguridad en Europa que ambos ministros anunciaron ayer.

Ángel Acebes lo resumió asi durante una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Justicia en Madrid: "Las resoluciones judiciales y policiales de ambos países serán válidas y efectivas en los dos Estados. Esta experiencia puede servir para marcar el camino en toda Europa". El tratado, antes de su puesta en marcha, deberá ser aprobado por las cámaras legislativas de Italia y España ya que obligará a diversas reformas en sus ordenamientos jurídicos.

En septiembre técnicos de los ministerios de Justicia, Interior y Exteriores de ambos países iniciarán las reuniones para preparar el texto de un tratado que modificará el proceso clásido de extradición y facilitará la detención y la entrega "inmediata" a la autoridad judicial de la persona reclamada. Se superará asi el proceso clásico de extradición, vigente hoy y mucho más lento, y seguirá la línea apuntada durante la reunión del Consejo Europeo de Tampere.El acuerdo atañe a las personas reclamadas acusadas o condenadas por delitos graves relacionados con terrorismo, crimen organizado, tráfico de armas, drogas, seres humanos o abuso sexual de menores. Se habilitarán los mecanismo para que las órdenes internacionales de búsqueda y captura, tramitadas a través del Sistema de Información Schengen (SIS), se ejecuten a la mayor velocidad.

Según Acebes, "con la supresión del sistema clásico de extradición se resuelve de manera definitiva el problema" de la negativa del Tribunal Constitucional a entregar a los mafiosos y delincuentes italianos juzgados en rebeldía. A juicio de este tribunal, y en contra del criterio de la Audiencia Nacional, los derechos mínimos exigibles durante esos juicios no se cumplen. El tratado de un espacio judicial y policial común contemplará también el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales dictadas en el ámbito penal y establecerá las normas mínimas comunes, materiales y procesales, para facilitar su aplicación "bajo el respeto de los principios básicos fundamentales de ambos Estados", dice la declaración firmada ayer por ambos ministros. En la misma, el Gobierno español asume la legitimidad del proceso en ausencia "que asegure las garantías defensivas" y reconoce que las legislaciones de ambos Estados respetan el Convenio Europeo de Salvaguarda de los Derechos del Hombre.