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El empleo que se crea

Después de la última recesión económica, que hasta que tocó fondo en 1994 nos situó en los niveles más altos de desempleo alcanzados, España ha vuelto a recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Las afirmaciones que estamos acostumbrados a oír últimamente según las cuales gracias al actual gobierno allá donde se destruía empleo, se ha empezado a crear, no responden a la realidad de las cifras. El crecimiento económico y el empleo empezaron antes. Si en 1994 terminamos el año con un total de personas ocupadas de 11.770.040; al final de 1995 ya eran 12.142.660, que siguieron creciendo también en 1996 y en los años sucesivos ya con el gobierno del PP, acompañando al crecimiento de la economía, llegando a ser en el primer trimestre del 2000 más de 14,2 millones de personas ocupadas, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa, que, durante este periodo, ha variado al menos dos veces su forma de elaboración para recoger de una forma mas fidedigna las cifras de la población ocupada y parada española.El objeto del artículo no es criticar la reforma de la encuesta, aunque es necesario alertar sobre la dificultad de comparar las cifras de los últimos años con los anteriores, aun cuando estos últimos pudieran acercarse mas a la realidad. El objeto real es poner de manifiesto el elevado grado de trabajo temporal que existe en España y que sigue existiendo a pesar del largo periodo de crecimiento económico que vivimos, con lo cual, las apelaciones a la incertidumbre económica para justificar la temporalidad en la contratación no tienen demasiado sentido ya. Hay por supuesto otras incertidumbres para las empresas que no se derivan de la situación económica general, pero éstas están presentes en casi todos los países por igual y en cambio no han llevado, ni de lejos, a las altas de contratación temporal española.

Si nos comparamos con algunos países de nuestro entorno, entenderemos mejor la magnitud del problema de inseguridad que viven nuestros trabajadores. Según la Encuesta sobre las fuerzas de trabajo de 1998 realizada por Eurostat, las tasas de temporalidad en la Unión Europea son: España (32,9), Portugal (17,3), Francia (13,9), Alemania (12,3), Irlanda (9,4), Italia (8,6), Reino Unido ( 7,1) y, en el total de Europa de los 15 (12,8).

Suele decirse con frecuencia que la temporalidad española tiene dos causas que la justifica: una sería la alta estacionalidad de nuestras actividades tradicionales, como el turismo o la agricultura y la otra, el elevado coste del despido improcedente en España, lo que impediría a las empresas ajustar sus plantillas cuando vienen malos tiempos, ya sea en la economía en general o para la producción concreta de la empresa. Aunque las dos causas haya que tenerlas en cuenta, ninguna de las dos justifica la elevada temporalidad en relación con países que tienen una estructura similar. En el primer caso, porque para el conjunto de sectores españoles la oscilación debida a la estacionalidad no supera el 10% anual y además, porque en algunos de esos casos, los trabajadores serían legalmente fijos discontinuos y no temporales. En el caso de los altos costes del despido, hay que decir que los nuevos contratos estables que se aplican desde Mayo de 1997, gobernando el PP, tienen un coste de despido menor y no han supuesto ninguna modificación sustancial en la contratación temporal. Lo que sí ha cambiado es que, al ser estos contratos subvencionados -227 mil millones en 1999, pagados con cotizaciones sociales y no con fondos generales- hubo numerosas transformaciones de contratos temporales al nuevo tipo de contratos fijos, pero no descendió significativamente la contratación temporal. (En el cuarto trimestre de 1999, en la Comunidad Valenciana, los contratos temporales suponían el 37%, muy por encima de la media española).

Por otra parte, en la última crisis se destruyeron fundamentalmente contratos fijos y no temporales, que eran los que supuestamente habían de servir para dar flexibilidad a las empresas en momentos de debilidad de la demanda. El coste del despido no supuso ningún impedimento para esta actuación.

Las consecuencias de esta situación son muy claras: en primer lugar está la inseguridad con que viven muchos trabajadores, no solo jóvenes, a quienes se les repite sistemáticamente los contratos temporales y no pueden planificar sus vidas con un mínimo de estabilidad. Pero el problema para los trabajadores no es el único. Las empresas tienen un problema muy serio cuando acuden tan sistemáticamente a la contratación temporal y es que la calidad se resiente porque la temporalidad impide la adecuada preparación. Mientras existe un gran numero de parados es posible recurrir a trabajadores ya formados, pero a estas alturas ya no. A esto se debe en alta medida la alta siniestralidad, la mayor de Europa junto con la temporalidad. Mientras exista tanta inestabilidad en el puesto de trabajo, las medidas legales que se tomen para justificar que se lucha contra los accidentes laborales no mejoraran sustancialmente la situación.

Cierto que las causas de la temporalidad son múltiples, pero dado que ahora tenemos un crecimiento económico sostenido, el actual Gobierno, ya sea el central o el de la Generalidad, debería hacer algo mas, como algo más deberían hacer las empresas si quieren mejorar su competitividad. Estas últimas deberían considerar al trabajador como un activo de la empresa y no como un coste a minimizar. Las administraciones por su parte deberían vigilar el que las justificaciones de los contratos temporales fueran ciertas y ayudar a mejorar la competitividad de las empresas potenciando sustancialmente la formación y la investigación, en especial dotando de mas recursos a nuestras universidades, además de potenciar un cambio de mentalidad en la gestión del personal, que nuestro Gobierno supuestamente centrista, no propicia.

El agotamiento del actual modelo de competir es evidente en una sociedad cada vez mas exigente y con un consumidor cada vez mas informado y se pone de manifiesto en el auge de las importaciones cada vez que se produce una etapa de crecimiento.

Joan Lerma es ex presidente de la Generalitat Valenciana.

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