Vizcaya claudica y deroga de forma unilateral los incentivos fiscales investigados por Bruselas

La Diputación vizcaína no ha podido mantener el pulso sobre los incentivos fiscales a la inversión y ha acordardo derogarlos de forma unilateral, sin obtener a cambio del Gobierno central la retirada de los recursos judiciales contra normas forales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, celebró ayer la iniciativa, "aunque sea tarde", y señaló que el Ejecutivo, tras estudiarla, cumplirá su parte del pacto fiscal de enero. La amenaza de un próximo pronunciamiento adverso de Bruselas sobre los polémicos incentivos han vuelto a ser determinante en la marcha atrás de la Diputación.

Lo que el equipo de gobierno de Josu Bergara presenta como un "gesto de buena voluntad" ante la UE y el Gobierno central es considerado "una rendición en toda regla" en las otras dos diputaciones. El acuerdo de Vizcaya de presentar a las Juntas Generales un proyecto de norma foral que deroga los dos principales incentivos a la inversión de carácter tributario debe restablecer la paz fiscal que firmaron el 18 de enero las administraciones central y vasca, y que quedó suspendida semanas después en el caso de Vizcaya. El 15 de marzo, el Estado anunció que no retiraría los recursos judiciales contra las normas fiscales vizcaínas por entender que la Diputación de este territorio había actuado "con deslealtad" al conceder el incentivo más polémico -el crédito fiscal del 45%, es decir, la posibilidad de recuperar mediante exenciones en el Impuesto de Sociedades el 45% de lo invertido- a 19 grandes empresas, con una inversión total de 400.000 millones, mientras se negociaba el fin del conflicto. La Diputación alegó que no podía denegarlo, ya que la norma estaba entonces vigente y proclamó que mantendría los incentivos fiscales hasta que el Gobierno central no retirara sus recursos en los tribunales.Sin embargo, en su consejo del martes, la Diputación vizcaína acordó poner en marcha el proceso de derogación de sus incentivos tributarios -el crédito del 45% para las inversiones de más de 2.500 millones y las minivacaciones fiscales, que contemplan una reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades del 99%, 75%, 50% y 25% en los primeros cuatro años de vida de una nueva empresa-, sin esperar a que la Administración central desista de sus recursos. Las presiones del Gobierno vasco y de las otras dos diputaciones han empujado a esta decisión, según fuentes del PNV.

La amenaza de los Quince

Como sucediera en el caso del armisticio de enero, la causa de esta claudicación de Vizcaya está en la UE. Si entonces se trató de evitar, y se consiguió, que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunciara sobre la compatibilidad de las normas fiscales vascas con el Tratado de la Unión, ahora se pretende desactivar una eventual resolución desfavorable de los Quince sobre el expediente general de infracción abierto hace un año por la Dirección de Competencia contra los incentivos a la inversión del País Vasco y Navarra. La estrategia de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, de desmontar el expediente de Bruselas con el argumento de que las ayudas investigadas ya no son operativas se vio "seriamente entorpecida", según fuentes del Gobierno vasco, por la reactivación de la guerra fiscal entre Vizcaya y el Gobierno central. De hecho, el Ejecutivo autónomo ha tenido que desplegar sus esfuerzos para conseguir que las empresas a las que la Diputación concedió a última hora el crédito del 45% -entre ellas las promotoras de los dos grandes proyectos energéticos en el Puerto de Bilbao,Bahía de Bizkaia Gas y Bahía de Bizkaia Electricidad, y la Acería Compacta- renuncien a estos beneficios a cambio de subvenciones directas que tengan el visto bueno de Bruselas.

Se espera, por el contrario, una inminente resolución desfavorable de la investigación general realizada por la Comisión Europea, que caracterizaría los incentivos fiscales vascos como ayudas de Estado contrarias a la libre competencia empresarial. En el mejor de los casos, esto obligaría a las empresas beneficiadas (75 por las minivacaciones fiscales y cerca de un centenar por el crédito del 45%) a devolver las ayudas que ya hayan recibido.

La Diputación vizcaína, en una nota de prensa, reiteró ayer su postura de que los incentivos fiscales no pueden ser considerados ayudas de Estado porque "son medidas de carácter general". Sin embargo, en los expedientes resueltos contra las ayudas concedidas por la Diputación de Álava a las empresas Daewoo y Ramondín, la Comisión Europea afirmó la tesis contraria desde el punto de vista de la competencia: las ayudas fiscales vascas servirían para superar el techo máximo de subvención pública directo autorizado por Bruselas para el País Vasco, que es del 20% de la inversión. Fuentes próximas al Gobierno vasco tildaron de "temerario" el anuncio de Vizcaya de recurrir al Tribunal de Luxemburgo si la Comisión califica los incentivos de ayuda de Estado. "Eso supondría someter la capacidad normativa que nos da el Concierto en materia fiscal al contraste del Tratado de la Unión, que es precisamente", subrayaron, "lo que se quiso evitar al firmar la paz fiscal en enero", añadieron.