Vizcaya claudica y deroga los incentivos fiscales que investiga la CE
La Diputación de Vizcaya no ha podido aguantar el pulso que mantenía con el Gobierno central sobre los incentivos fiscales a la inversión y ha acordardo derogarlos de forma unilateral, sin obtener a cambio la retirada de los recursos judiciales contra sus normas forales. A diferencia de Vizcaya, las diputaciones de Álava y Guipúzcoa ya lo hicieron en marzo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, celebró esta decisión, "aunque sea tarde", y anunció que el Gobierno cumplirá su parte del acuerdo retirando los recursos en los tribunales.La amenaza de un próximo pronunciamiento adverso de Bruselas sobre los polémicos incentivos ha vuelto a ser determinante en la marcha atrás de Vizcaya, que se ha visto presionada por el Gobierno vasco y las otras dos diputaciones. Con la derogación de estas ayudas -el llamado crédito fiscal, que permite recuperar el 45% de las inversiones de más de 2.500 millones, y las minivacaciones fiscales (reducción de la base imponible del impuesto de sociedades del 99%, 75%, 50% y 25% en los primeros cuatro años de una nueva empresa), las administraciones vascas tratan de aminorar los efectos de la resolución del expediente general de infracción abierto hace un año por la Comisión Europea contra los incentivos forales, que podrían ser considerados ayudas de Estado ilegales.
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