Público-Privado: 0-3 JOAN SUBIRATS

Las cosas que no empiezan bien resultan muchas veces difíciles de enderezar. Y es evidente que un consejero de Educación acosado por la oposición, en vísperas electorales y con muchísimos números para no seguir en el cargo no es el la persona más adecuada para abordar el espinoso tema de las escoles bressol. El consejero Hernández dejó una herencia emponzoñada a su sucesora. No hay político que logre cumplir una promesa electoral como la de 30.000 nuevas plazas en escoles bressol en plena agonía financiera de la Generalitat, por mucho entusiasmo y prestigiditación que se practique.Y así estamos. Veinte años después de iniciado el autogobierno de Cataluña y veinte años después de pujolismo familiarista y carrincló, se sigue manteniendo que el cuidado o atención a los niños menores de tres años es un problema de sus padres y madres. Si aceptamos ese supuesto, el razonamiento de la consejera Carme Laura Gil en el pleno dedicado al tema es coherente. Las administraciones públicas lo que han de hacer, en todo caso, es coadyuvar a que sea factible en las mejores condiciones posibles, y financiar aquellos casos extremos de penuria en los que los progenitores no pueden asumir los costes de esa atención específica. En esa concepción, el bien "cuidado de niños y niñas de 0 a 3 años" se considera de carácter privado. En cambio, si se defiende que lo que está en juego es el cuidado de unos niños y niñas, imprescindible para su bienestar y para su desarrollo posterior (y en este sentido los especialistas son unánimes en recomendar la atención especializada y la socialización temprana como elementos clave de un desarrollo equilibrado y completo), la sociedad ha de asumir los costes que permitan que ello se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles.

Se me dirá que la educación infantil hasta los seis años no es obligatoria. No me parece que ello sea un argumento. Tampoco lo es de tres a seis años y como afirmó la consejera, en Cataluña se ha cubierto en su totalidad esa franja de edad. El problema es si lo consideramos o no un tema de responsabilidad pública. Y no parece que ése sea el camino adoptado en la franja 0-3. La situación de cuidado y educación temprana de los niños y niñas más pequeños está hoy en Cataluña en una situación que podríamos calificar de pintoresca. Unos pocos gozan de los buenos servicios de las guarderías públicas (menos del 10%), la gran mayoría en centros municipales (la Generalitat escolariza algo más del 2%). Unos pocos más asisten a centros privados subvencionados. El resto, o bien va a centros privados (poco más del 12%), o bien sus familias(cerca del 75%) se lo montan como pueden. En ese "montárselo" encontramos todo tipo de situaciones. Madres que cumplen lo que algunos de nuestros dirigentes consideran su deber; abuelas que siguen cumpliendo ese deber; o bien toda suerte de vecinas, emigrantes o jóvenes sin trabajo, que, a bajo coste, con mucha buena fe y nula preparación asumen una labor delicadísima de la que depende una parte significativa del desarrollo intelectual y sensitivo de esos pequeños.

Curiosamente pedimos todo tipo de exámenes para conducir coches, para instalar cuadros eléctricos o para ser dirigentes de Izquierda Unida, y no digamos para adoptar a un niño. Pero nos permitimos el lujo de dejar a nuestros niños y niñas con pocos meses en manos de personas de las que valoramos su buena pinta, sus referencias o la actitud de persona responsable, pero cuya calidad profesional y especialización es indemostrable, mientras la Administración de la Generalitat se lo mira. En el fondo ello se explica, como decíamos, por la propia concepción familiarista de la coalición de CiU, que entiende que ese tema es privativo de los padres y madres. Sobre todo de las madres. Así se sugirió en el Parlament cuando se dijo que el problema de 0 a 3 años era de "origen sociolaboral". Si las mujeres no se empeñaran en trabajar todo esto no pasaría.

Carme Laura Gil se ha sacado de la manga el tema de las "madres de día". Simpatizo con esa idea. Siempre me ha gustado la idea que desde el ámbito social se asuman responsabilidades en el espacio público. Y desde mi punto de vista, en casos como el que nos ocupa, es mejor que se haga desde iniciativas no mercantiles, muy vinculadas al tejido comunitario y local. Ahora bien, en los países en que se ha llevado a cabo se ha hecho desde la concepción de la plena responsabilidad pública en la prestación del servicio. De un servicio que era prestado por personas y entidades no públicas, pero de cuya preparación, formación y remuneración era plenamente responsable la administración competente. Por otro lado, ha sido posible llevarlo a cabo en países con una cultura de implicación social en asuntos públicos larga y consistente. Esas cosas no se improvisan. Uno no puede llegar con un dossier sobre lo bien que funciona el tema en los países nórdicos y anglosajones y afirmar que aquí también funcionará. Y sobre todo, si se hace en un contexto defensivo, cuando no se pueden asumir las promesas realizadas por la propia coalición que se representa, y cuando todo suena a sacarse de encima el mochuelo, disparando hacia los ayuntamientos con contraprestaciones de miseria y disparando hacia las familias para que vuelvan a los viejos tiempos.

Al final lo que queda es que ante la falta de recursos, se va a impulsar la creación de guarderías privadas que cubran esa etapa (y de paso se decidió ampliar los conciertos para la fase de 3 a 6 años), o lo que es lo mismo, los padres deberán pagar una parte muy sustancial de un servicio que en el fondo los que mandan no se creen que es público. Y todo ello evidentemente con el aplauso incondicional de los diputados del partido popular. Quién le habría dicho a la consejera Gil que la que muchas veces fuera martillo de populares en Madrid sería ahora rehén de sus votos.