La balsa de Aznalcóllar cedió en vísperas de otro plan hidrogeológico
Daniel Comesaña, ingeniero de la empresa Geocisa, encargado de supervisar la presa de Minas de Aznalcóllar, dijo ayer a la juez que el accidente se produjo cuando preparaban un nuevo plan hidrogeológico dadas las "preocupantes filtraciones" que se daban en la balsa. Comesaña, que declaró como imputado en el juzgado de Sanlúcar la Mayor, aseguró que en febrero de 1998, dos meses antes de la rotura de la balsa minera, se reunió con los directivos de Minas de Aznalcóllar Antonio Ruiz Castell y Aquilino Cazorla para tratar la necesidad de elaborar ese nuevo plan hidrogeológico. Abogados personados en el caso manifestaron que Comesaña aseguró que el anterior proyecto, redactado por la empresa norteamericana Golder, presentaba fallos, de ahí que Geocisa planeara redactar uno nuevo, si bien la rotura se produjo cuando estaban preparando el presupuesto.
Además, el imputado aseguró ayer que transmitió a los directivos de la mina la necesidad de poner aforadores para medir las filtraciones crecientes. Según su testimonio, Boliden, la empresa propietaria de la mina, estaba también preocupada ante el aumento del caudal de agua que se captaba en los pozos de control situados en torno al muro de la balsa.
A la declaración de Comesaña asisten junto con la juez de instrucción, el fiscal de Medio Ambiente de Sevilla, el abogado del Estado, los letrados de las empresas Boliden, como propietaria de la mina, y Geocisa, encargada de la seguridad, así como los letrados de algunos propietarios afectados.
Sistemas de control
La declaración de este ingeniero fue la más corta de la actual segunda tanda de comparecencias ya que, según los citados abogados, no aportó datos nuevos respecto a los indicados en julio de 1998, con ocasión de su primera declaración como imputado. Entonces dijo a la juez que faltaban sistemas de control sobre las filtraciones, la cota de llenado y la cota de sólidos.Para hoy está citado Pedro Arozamena, quien en 1998 aseguró a la juez que Geocisa advirtió a Boliden, en varios informes a partir de 1996, de la necesidad de instalar aparatos para pedir las filtraciones pero la empresa no los colocó por falta de presupuesto. Estos ingenieros han declarado en la segunda tanda de comparecencias fijada por la juez Celia Belhadj-ben, que mantuvo la instrucción del caso paralizada durante casi dos años a la espera del peritaje oficial sobre las causas de la catástrofe ecológica.
En dicho informe pericial se concluyó que tanto el proyecto de construcción de la balsa de Minas de Aznalcóllar, realizado en el año 1977, como el recrecimiento de 1996 no tuvieron en cuenta la fragilidad del suelo y la densidad de los productos que se iban a verter en la balsa, si bien con la precisión de que tales datos no estaban obligados por la normativa ni los usos geotécnicos de la época.
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