Plan Colombia

El Gobierno del presidente Pastrana da el nombre de Plan Colombia a una gran iniciativa para vincular a la comunidad internacional al proceso de paz en el país, cuyo escenario principal es hoy la mesa de negociación con la guerrilla izquierdista de las FARC, que dirige desde la jungla el berroqueño Manuel Marulanda. El plan, sin embargo, tiene dos líneas de acción que pueden resultar contradictorias. Un ala militar que suministra Estados Unidos y otra, económico-social, de la que Europa debería ser la gran proveedora. Tanto las FARC como el segundo grupo guerrillero colombiano, el ELN, han advertido que si la ayuda militar se hace efectiva el proceso quedará instantáneamente interrumpido, aunque la insurgencia no deja de resistirse a arrostrar la condena internacional por romper las negociaciones. El Estado colombiano tiene derecho a rearmarse frente a una guerrilla que no ha concedido ni la limosna de un alto el fuego para avenirse a negociar. O, como se dice en el poder en Bogotá, la capacidad renovada del Ejército puede ser un factor decisivo para persuadir a las FARC de que hay que conversar y, algún día, llegar al cese indefinido de los combates. Pero otra cosa sería que la opción militar se convirtiera en prioritaria, y ello, no tanto porque la insurgencia merezca cuartel, sino porque parece demostrado que no hay solución victoriosa del conflicto para ninguna de las partes y, sobre todo, porque la opinión nacional no quiere una guerra a ultranza contra nadie; quiere una solución negociada.

¿Qué deben hacer, entonces, los más de 20 países europeos, entre ellos prominentemente España, que aceptan algún tipo de compromiso con el proceso de paz en Colombia? Apoyar, pero críticamente.

En primer lugar, la Unión Europea no debe convertirse en el convidado de piedra de una intensificación del conflicto. Para ello, debe escrutar sin remilgos los acuerdos a que se vaya llegando en la mesa de negociación acerca de la humanización de la guerra, comienzo de la erradicación del cultivo de coca -recurso económico de la insurgencia, además de materia prima del narcotráfico mundial- con el desarrollo de productos alternativos, etcétera. Y, en segundo lugar, verificar por medios propios, o mediante la asistencia de organismos sociales colombianos -el Consejo Nacional de Paz, las ONG de mayor implantación-, que la ayuda europea se destina efectivamente a los proyectos para los que va destinada.

Colombia espera recabar por esta vía más de 1.000 millones de dólares, de los que España aportará un 10%, pero confía también en hacer comprender al mundo que el combate contra la droga que nutre la guerra, y contra la guerra que ampara la extensión del cultivo ilícito, comienza por los propios países consumidores.

Si Estados Unidos y Europa no se suman a la prevención, y sólo se muestran decididas a seguir la vieja política de la represión del consumo, el Plan Colombia se quedará, a medio plazo, sólo en eso, en un plan.