Las heridas abiertas de La Tablada
Organismos internacionales respaldan un recurso a favor de los condenados por el asalto al cuartel argentino en 1989
De nuevo el pasado pisa los talones al presente de los argentinos. Once años después, el asalto al cuartel de La Tablada (provincia de Buenos Aires), perpetrado la calurosa mañana del 23 de enero de 1989, que costó la vida a 39 personas entre militares, policías y asaltantes, vuelve a ser noticia. Aquella página negra de la historia reciente de Argentina, que muchos preferirían no recordar, ha provocado de nuevo la controversia a raíz de la visita a la capital argentina de una importante delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha recomendado a autoridades y legisladores la revisión del juicio en el que fueron condenados a penas muy duras los asaltantes. Trece de los 14 presos cumplieron ayer 40 días de huelga de hambre, iniciada el 29 de mayo, para reclamar el derecho a recurrir contra la sentencia, que se dictó en su día de forma inapelable.El Gobierno democrático de Raúl Alfonsín, el primero después de la sangrienta dictadura, enfrentaba las embestidas de militares golpistas de distinto pelaje y el país todavía trataba de sacudirse las secuelas de un régimen siniestro, cuando un grupo de jóvenes izquierdistas pretendió tomar un regimiento militar en la provincia bonaerense. Creían aquellos muchachos de un llamado Movimiento Todos por la Patria (MTP) ser más revolucionarios que nadie y capaces de frenar con una acción desesperada el envalentonamiento de los militares sediciosos. En realidad, apenas tenían un puñado de armas y una nula formación militar o guerrillera. Era como intentar cazar elefantes con escopetas de perdigones. Aquella acción irracional estaba condenada al fracaso. Los asaltantes quedaron atrapados en el desproporcionado operativo lanzado por el Ejército para recuperar La Tablada. Veintiocho miembros del MTP y 11 militares y policías murieron en los enfrentamientos. Organizaciones humanitarias denunciaron el empleo de fósforo blanco, ejecuciones sumarias, torturas a los detenidos y la desaparición de cinco asaltantes.
Los aprendices de guerrilleros fueron juzgados en 1990 en aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia, que impide a los procesados apelar a una segunda instancia la sentencia dictada por el tribunal. Fueron, en su mayoría, condenados a reclusión perpetua. La CIDH denunció en su día las irregularidades del proceso y recomendó la revisión del caso, lo que ha concitado el apoyo de destacadas personalidades como los premios Nobel José Saramago, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú y Günter Grass; líderes políticos como el mexicano Cuauhtémoc Cárdenas y el brasileño Luiz Inacio (Lula) da Silva, e instituciones como el Congreso de México y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
La delegación de la CIDH que ha visitado esta semana Buenos Aires, encabezada por el comisionado para Latinoamérica, Robert Goldman, se ha entrevistado con autoridades y legisladores y ha visitado a los presos. En sus conclusiones ha sido tajante: recomienda la aprobación de una ley que permita a los condenados de La Tablada recurrir ante un tribunal de alzada. La Ley de Defensa de la Democracia, aprobada por el Gobierno de Alfonsín en 1984, un año después del fin de la dictadura, estaba pensada esencialmente para combatir a los golpistas que atentaban contra el orden constitucional.
La CIDH apoya como alternativa el proyecto de ley presentado por Ramón Torres Molina, del Frente del País Solidario (Frepaso), agrupación que integra la Alianza de Gobierno. "El proyecto plantea la derogación de una parte de la Ley de Defensa de la Democracia, referida a los procedimientos especiales para juzgar los delitos de atentado al orden constitucional, que pasarían a ser juzgados por el Código Procesal Penal de la nación como cualquier otro delito, y abre la posibilidad del recurso para los condenados de La Tablada", explica Torres Molina.
El proyecto tiene cierto consenso en las filas parlamentarias de la alianza gubernamental, en las comisiones de Justicia y de Legislación Penal, pero tropieza con la oposición del Partido Justicialista (PJ), que exige que sea el Gobierno el que asuma la responsabilidad del problema planteado por la CIDH, utilizando la facultad que tiene el presidente de la República, para promulgar un indulto o una conmutación de pena. Fernando de la Rúa ya ha adelantado su total negativa a tal eventualidad.
"Creo que el proyecto de ley será tratado la semana próxima en el Parlamento y es posible que se incorporen algunas modificaciones con mi total oposición para impedir que los presos puedan salir en libertad", vaticina Torres Molina. La eventual excarcelación de los presos de La Tablada despierta grandes recelos en sectores parlamentarios y políticos. No falta quien sugiere que si se liberara a los de La Tablada habría que hacer lo mismo con militares golpistas carapintadas condenados a cadena perpetua.
¿Terroristas o guerrilleros?
¿Son terroristas los presos de La Tablada? El diputado Ramón Torres Molina responde así: "La definición técnica dice que cabe hablar de terrorismo cuando se producen víctimas inocentes. En la mayoría de los tratados internacionales que ha firmado Argentina, el terrorismo es extraditable. Este caso fue tratado en Brasil, en cuyo territorio se detuvo a un supuesto participante en los hechos de La Tablada. Precisamente por no considerarlo un hecho terrorista sino un ataque abierto a un cuartel sin víctimas civiles, la justicia brasileña no otorgó la extradición". No opina de igual modo Mirta Susana Benardi, viuda del sargento de la policía bonaerense Emilio García, muerto de un disparo efectuado por una asaltante al cuartel de La Tablada. "Esta decisión que ha tomado la CIDH me hace sentir que tenemos que doblar la bandera argentina, meterla en un sobre y tirarla", dice Benardi, para quien los presos de La Tablada no deben salir nunca de la cárcel.
En el Congreso argentino no hay unanimidad sobre el carácter de las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Para el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Dámaso Larraburu (peronista), no tiene carácter obligatorio: "Argentina tiene que escuchar con atención y tiene que cumplir con su legislación nacional".
