Trámites interminables

Si una persona quiere poner en marcha una empresa en España debe sortear entre 13 y 14 formalidades e incluso un número mayor dependiendo del sector, según la OCDE. El registro legal de una empresa requiere al menos de cinco etapas administrativas. De media, cada una de esas etapas requiere la presentación de cuatro documentos legales, cuya tramitación implica al menos a seis agencias gubernamentales.

Según la OCDE, un tercio de los 2.080 procedimientos existentes en España son autorizaciones y muchas de éstas solicitan la misma información. Esos datos son compartidos por muchas oficinas públicas a los tres niveles de Gobierno: la administración central, la autonómica y la local. Hay que conseguir una autorización de cada una de estas administraciones, a pesar de que lo que se solicita es lo mismo.

El tiempo total que requiere cumplir con todos estos requisitos legales es de entre 19 y 28 semanas. Por contra, supone dos meses en Alemania o Francia y sólo medio día en Estados Unidos.

Según la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), un empresario en potencia necesita un mínimo de 500.000 pesetas y seis meses para poner en marcha su negocio legalmente. Ya iniciada la actividad, la complejidad burocrática no desaparece.

Según un estudio de la OCDE, el coste de la maraña administrativa para las pequeñas y medianas empresas, sólo en lo referente a cumplir con las formalidades fiscales, laborales y ambientales, ha sido de unos 5,77 billones de pesetas durante 1999, casi el 7% del producto interno bruto (PIB) español. El montante supone un coste de 425.000 pesetas por cada empleado.