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La OCDE advierte de que el exceso de burocracia en España alienta la corrupción

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó ayer una dura advertencia al Gobierno español. La complejidad reguladora y burocrática es un caldo de cultivo "para la corrupción y una amenaza para el crecimiento económico", según el informe del organismo presentado ayer en Madrid. Aunque quedan cosas por hacer, según la OCDE, España ha progresado en la regulación económica para garantizar la libre competencia y el desarrollo de las empresas y ha avanzado en la protección de los intereses públicos, pero ha fallado a la hora de simplificar la burocracia para la constitución de nuevas compañías. Abrir una empresa cuesta al menos cinco meses de trámites frente a dos en Alemania o Francia.

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La puesta en marcha de una empresa en España puede echar para atrás a cualquiera. El Gobierno sabe que la constitución de las pequeñas y medianas empresas es un factor clave para el crecimiento económico y el aumento del empleo; pero la burocracia supone un gran obstáculo para que las pymes prosperen. La presencia de este tipo de compañías en España es una de las más altas del mundo desarrollado. Hay en torno a 2,5 millones de pymes (excluyendo las del sector agrícola) y un 55% de éstas son autónomas, es decir, de un sólo empleado.Durante la presentación ayer del informe sobre la Reforma de la Regulación en España, el vicesecretario general de la OCDE, Seiichi Kondo, declaró que "la complejidad reguladora y la burocracia son un problema real en España. Los obstáculos para constituir nuevas empresas son mucho mayores que en otros países comparables de la OCDE (29 miembros). Hacen falta al menos cinco meses de trámites administrativos, frente a sólo dos en Francia y Alemania o el medio día que cuesta en Estados Unidos. La simplificación de las formalidades y la supresión de las barreras a la iniciativa empresarial es una tarea urgente en España", concluyó Kondo. La regulación administrativa no es una de las más amplias de la OCDE, pero sí de las más complejas.

Refuerzo de los controles

El informe no sólo recomienda el alivio de la burocracia sino que también advierte sobre el peligro de no hacer nada contra ésta. "Abusos y contradicciones en los trámites han sido detectados", señala la OCDE. Por ejemplo, "en la calificación o recalificación del suelo los alcaldes tienen un alto poder discrecional. En algunos casos, este poder ha alentado la petición de 'contribuciones', en dinero efectivo o de otra clase (a través de la 'donación' de suelo o instalaciones públicas a los ayuntamientos, a cambio de la agilización de los trámites para construir). Este sistema funciona como un sustitutivo de impopulares incrementos de impuestos locales. La situación ha provocado la disminución de la transparencia y ha establecido un ambiente favorable a la corrupción", concluye la OCDE.La OCDE no achaca toda la responsabilidad del exceso burocrático al Gobierno central, también hace hincapié en el papel cada vez más relevante de las comunidades autonómas y los ayuntamientos en los asuntos reguladores. "Las autonomías y los ayuntamientos son responsables de muchos requisitos innecesarios, de las barreras de entrada en áreas como el comercio y de los impedimentos para el crecimiento de las empresas", subrayó el vicesecretario de la OCDE.

"En los últimos 20 años", dice la organización, "España ha reformado su marco regulatorio. Sin embargo, la revisión no ha sido sistemática. No hay una tradición legal de hacer revisiones periódicas para adaptar las leyes y las regulaciones, por lo que hay un riesgo en España de que la rigidez regulatoria se prolongue por mucho tiempo y que los costes crezcan con el tiempo al tiempo que las regulaciones se vuelvan cada vez más inapropiadas frente a unas condiciones en permanente cambio", añade la OCDE. En el informe también se destaca que, pese a los intentos de España de aliviar la burocracia (entre ellos la Ley de Procedimiento Administrativo de 1997), ha habido poca voluntad por parte del Gobierno y mucha resistencia a nivel de altos cargos del Ejecutivo para que profundizen los cambios administrativos.

La rigidez a la que hace referencia la OCDE no es sólo una cuestión puramente administrativa. El descuido a la hora de agilizar los tediosos trámites burocráticos puede echar por tierra todos los logros españoles en el plano de la liberalización de los sectores económicos. La burocracia que sufren los emprendedores, según los expertos de la OCDE, no sólo impide la constitución de nuevas empresas, sino que favorece un mayor dominio de las grandes compañías ya constituidas, muchas de ellas con una posición dominante en el mercado. La falta de atención del Gobierno a la reforma administrativa es un contrasentido con su intención de poner un freno a la expansión de los antiguos monopolios del sector servicios con el paquete de medidas liberalizadoras anunciado hace dos semanas.

El entramado burocrático atenta directamente contra el aumento de la oferta en el mercado español. Como resultado de ello, "la tasa de desempleo (todavía la más alta de la UE), el índice de inflación relativamente alto (fundamentalmente atribuible al sector servicios) y la falta de innovación", según la OCDE, son problemas que España todavía tiene que enfrentar. La complejidad regulatoria, en último término, repercute en los intereses de los consumidores porque impide que haya más proveedores de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios a un menor precio y mayor calidad. El mensaje de la OCDE es que si se opta por un modelo de libre mercado, en el que se derriban las barreras comerciales, hay que ser coherentes y derribar también las burocráticas.

Kondo ha instado también al Gobierno español a reforzar la política de defensa de la competencia, porque ésta es esencial para que la reforma tenga éxito. Kondo reconoce que "el Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia son cada vez más activos", pero señala que "necesitan más recursos para llevar a cabo sus trabajos con eficacia."La transparencia y la confianza del mercado se verán acrecentadas si se refuerza la independencia de las instituciones sectoriales de regulación", dijo Kondo. "Por ejemplo, las instituciones reguladoras del mercado eléctrico no son lo suficientemente transparentes e independientes para alcanzar las buenas prácticas internacionales", añadió.

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Sobre la firma

Fernando Gualdoni
Redactor jefe de Suplementos Especiales, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS como redactor de Economía, jefe de sección de Internacional y redactor jefe de Negocios. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, analista de Inteligencia por la UC3M/URJ y cursó el Máster de EL PAÍS y el programa de desarrollo directivo de IESE.

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