El Gobierno vasco afirma que apoyó por error la libertad de horarios comerciales
El consejero de Comercio y portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, achacó ayer a una "confusión de procedimiento" el voto favorable que los diputados del PNV dieron el jueves en el Congreso a la liberalización de horarios comerciales. Imaz reiteró ayer la oposición del Gobierno autónomo (PNV y EA) a esta decisión y anunció que el Ejecutivo vasco llevará a cabo todas las medidas políticas y judiciales necesarias para evitar que afecte a Euskadi. Hoy, 55.000 empresas se incorporan al mercado eléctrico liberalizado.
Los diputados peneuvistas votaron a favor, según Imaz, porque el decreto-ley sobre los horarios comerciales se incluía en un paquete más amplio que contenía otras medidas -entre ellas, las de materia energética, hidrocarburos y gas- con las que los nacionalistas están de acuerdo. Así, ese voto favorable "no puede interpretarse como un apoyo a la liberalización de horarios comerciales", enfatizó Imaz.El consejero criticó duramente la liberalización porque la regulación de horarios es una competencia exclusiva de la Administración vasca. "El Gobierno central no puede regular por su cuenta y riesgo y a espaldas de los agentes afectados. Es una medida que perjudica al sector comercial, poniendo en peligro el mantenimiento de muchos puestos de trabajo", aseveró.
Por su parte, el diputado del Grupo Vasco del PNV Pedro María Azpiazu abundó en la explicación ofrecida por Imaz. "El paquete en el que se metió la liberalización de horarios comerciales contenía otras medidas que el PNV ha estado reclamando durante muchos años y que benefician a Euskadi", explicó. Azpiazu insistió en que los horarios comerciales que pretende imponer el Ejecutivo central "pueden crear problemas", como está sucediendo en otros países, respecto a los principios europeos de libre competencia.
No terminan ahí las reacciones a la controvertida liberalización del horario comercial. El presidente de la Confederación Española de Comercio, Pere Llorens, dijo ayer que su organización promoverá recursos de inconstitucionalidad contra la ampliación de horarios comerciales. Asimismo, la ejecutiva del Partido Socialista Catalán (PSC) anunció ayer que pedirá a la Generalitat que presente un recurso ante el Constitucional contra el decreto de ampliación de horarios comerciales.
El consejero de Economía y portavoz del Gobierno catalán afirmó ayer que su partido "lamenta" tener que oponerse al decreto sobre horarios, ya que el resto de las medidas pueden resultar positivas para el conjunto de la economía.
El presidente de la Confederación Española de Comercio Minorista y Autónomo (Cecoma) anunció que el pequeño comercio realizará un cierre patronal en septiembre en protesta por la aprobación de horarios comerciales. Por su parte, los sindicatos UGT y CC OO anunciaron ayer en Valladolid que propondrán a la patronal Conferco un cierre de establecimientos comerciales en Castilla y León para el próximo día 13 de julio en contra de las medidas liberalizadoras. El Gobierno balear exigió ayer la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado con el fin de debatir los contenidos y repercusiones del último paquete liberalizador.
Dentro del proceso liberalizador, desde hoy, 1 de julio, un total de 55.000 empresas podrán acceder a la condición de consumidores cualificados que les permitirá elegir libremente suministrador y poder negociar rebajas en sus tarifas eléctricas, con lo que un 54% del mercado español ya se encuentra liberalizado. En general, se trata de pequeñas y medianas empresas que podrán conseguir un ahorro de su coste eléctrico entre un 10% y un 15%.
