Las listas de espera como síntoma

La reciente polémica sobre las listas de espera puede ser un anticipo de algo que va a generalizarse. Con el tiempo, la realidad suele imponerse a la retórica. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, dijo alguien. Cuando a una sociedad con muchos desequilibros e injusticias se le insiste machaconamente en que esto va muy bien, en que somos la vanguardia de Europa, en que aquí hay muchas oportunidades, cuando se vende tanto humo en vez de aprovechar el tirón económico para efectuar las necesarias reformas sociales, el despertar puede ser duro.Sólo el sesgo economicista de corto plazo que parece haber triunfado socialmente y una innegable bonanza económica a nivel europeo explican que el edificio aguante.

Pero las grietas empiezan a ser visibles. El caso de las listas de espera es elocuente. El PP utilizó este tema como arma política contra los gobiernos socialistas. Desde el Gobierno lo ha venido usando como instrumento de propaganda.

Antepuso y antepone sus intereses partidistas a las necesidades de los ciudadanos. Resulta difícil pasar por alto que ha generado una quiebra de confianza de éstos en el sistema público de salud, al no haber sido capaz de manejar con transparencia un tema tan delicado como es el tiempo que los pacientes han de esperar para ser atendidos quirúrgicamente, en primera visita de especialista y en exploraciones o pruebas diagnósticas. Está claro que hay, aquí y en todos los sitios, unos tiempos de espera necesarios por razones técnicas. Pero hoy éstos son excesivos. Y en determinados casos, más de los que se cree, ponen en riesgo la calidad de vida, la situación laboral, la salud e incluso la vida de los ciudadanos.

El gobierno Zaplana ha optado por un discurso autosatisfecho pero engañoso. Ha alardeado de una reducción de listas de espera quirúrgica de más del 75%, pero la realidad es otra. Tras el llamado plan de choque, presentado como modelo de eficacia, se anuncian dos nuevos planes, el exprés y el optimus. Ninguno de los dos tiene visos de ser operativo a corto plazo. El primero tiene una financiación insuficiente -un máximo de 300 millones, muy por debajo de los 2.500 gastados el año anterior- y carece de despliegue operativo y de calendario. El segundo es pura improvisación, una declaración de buenas intenciones, a la que ha recurrido la Consejería de Sanidad al estallar el escándalo de las listas de espera en los medios de comunicación. Y por si no fuera suficiente, se acaba de dar a conocer el cierre de al menos el 30% de los recursos regulares de atención quirúrgica, por cierre vacacional, durante los meses de julio, agosto y septiembre.

El plan de choque introdujo la desregulación en el funcionamiento del sistema público de salud y no ha solucionado el problema, como estamos comprobando. En realidad, consagró intereses que van contra la disminución de las listas de espera ya que la concertación y los "planes de choque" se perpetúan en la medida que aquellas pervivan. Es un caso de retroalimentación. Recordemos, además, que el Partido Popular es el que eliminó la dedicación exclusiva de los médicos, permiténdoles simultanear la atención a pacientes del sistema público en clínicas privadas y con cargo al sistema público.

Gran parte de la actividad que el PP anuncia que se ha realizado por las tardes (en hospitales públicos) es precisamente actividad realizada por profesionales sin dedicación exclusiva con opción a cambiar un máximo de seis jornadas de mañana por seis de tarde al mes. Pero esto no aumenta la capacidad resolutiva global del sistema. Es un mero intercambio horario.

Además, al poner el acento en las listas de espera quirúrgicas, la Consejería de Sanidad oculta un problema tanto o más grave como es la espera excesiva en pruebas diagnósticas, primeras visitas de especialista y tratamientos no quirúrgicos, desde la radioterapia a la rehabilitación.

Por ejemplo, en estos momentos hay listas de espera para el diagnóstico de enfermedades ligadas a trastornos del sueño de más de un año en la mayoría de hospitales y hasta de dos en algunos. Una de estas patologías, el síndrome de apnea del sueño, afecta entre 1 a 10 de cada 100 adultos, tiene como una de sus consecuencias la somnolencia durante el día, es peligrosa por tanto para la conducción de vehículos, manejo de maquinaria, etcétera, y no sólo merma la calidad de vida, sino que su retraso diagnóstico pone en riesgo el mantenimiento del puesto de trabajo, la estabilidad económica familiar y, en ocasiones, incluso la vida. Ante casos como éste, ¿de qué se habla cuando se presentan reducciones de listas de espera de un 75% sin ponerles nombre y apellidos? ¿Es serio y oportuno que la ministra de Sanidad haga referencia a que ella también tiene un "juanete" y sabe lo que duele? ¿Es tolerable que un gobierno banalice de este modo los problemas de salud de los ciudadanos?

La vía para reducir de verdad las listas de espera y aumentar sustancialmente la satisfacción de los usuarios no son los "planes de choque", que acaban primando al sector privado, sino racionalizar el sistema público, incentivar a sus profesionales, mejorar la gestión, invertir más y asegurar el componente tecnológico avanzado.

Los ciudadanos saben que vale la pena. Se acaba de conocer un informe de la OMS que pone de manifiesto que el Sistema Sanitario Público que se consagra en España con la Ley General de Sanidad de 1986 es de los mejores del mundo en equidad y resultados de salud, con un coste más que razonable. Este informe advierte a todos los países que mantengan el prepago de la atención sanitaria por los gobiernos y que controlen al sector sanitario privado ya que si éste ocupa un lugar preponderante pone en riesgo la equidad (como ocurre ya en Estados Unidos y podrá suceder en algunos países europeos). También alerta del riesgo de que médicos del sistema público trabajen simultáneamente en el sector privado, pues eso "significa que el sector público termina subsidiando la práctica privada". Este informe no hace más que darle la razón al modelo de Sistema Nacional de Salud que, de un modo u otro, el PP pretende erosionar.

En el caso valenciano, además, se pone en riesgo la suficiencia económica del sistema público al aceptar en el último acuerdo de financiación (periodo 1998-2001) que se reciba por valenciano y año sólo 101.409 pesetas para gasto sanitario, frente a las 105.085 que recibe el territorio Insalud y sumas similares en otras comunidades. El PP y concretamente Zaplana la ponen otra vez en riesgo cuando plantea, en declaraciones recientes, que las comunidades autónomas deben perdonar al gobierno central la deuda histórica. ¿Se refería a la valenciana? Sin suficiencia financiera no es posible aumentar la calidad del servicio y la seguridad del sistema sanitario público.

Por este camino se rompe la solidaridad básica que es el trasfondo del sistema público de salud, la única que puede suministrar a la mayoría no boyante ni "nueva rica" de esta sociedad los servicios públicos educativos, sanitarios y sociales de máxima calidad, que son garantía de futuro y de cohesión social.

María José Mendoza es diputada en las Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE