Un centenar de víctimas de la dana se querella contra cinco altos cargos de Mazón y uno del Gobierno

“Como los políticos no han respondido, pedimos ayuda a los jueces”. El presidente de la primera entidad de afectados por la dana en constituirse, la Asociación de Damnificados Horta Sud, Christian Lesaec, ha justificado así este miércoles la decisión de presentar la primera querella de víctimas contra los responsables políticos de la mayor tragedia del siglo en la Comunidad Valenciana, que dejó hace tres meses 224 muertos y tres desaparecidos.

La denuncia, suscrita por un centenar de familias, señala como responsables a cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón, del PP, y a la máxima autoridad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel Polo.

Las víctimas solicitan la declaración en calidad de testigo del jefe del Gobierno valenciano. Y recuerdan que, pese a que a las 8.04 horas del día de la catástrofe la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advertía de “peligro extremo”, Mazón comparecía a las 13.00 de la jornada para indicar que el temporal se desplazaba a la Serranía de Cuenca y que disminuiría su intensidad a las 18.00 horas.

Mazón, tras su comparecencia judicial, podría ser citado a declarar como imputado e investigado por otro tribunal al ser aforado, según el letrado promotor de la denuncia, Manuel Hernández, del bufete madrileño Vilches Abogados.

La querella sitúa en su mirilla a quien, durante la monumental riada, era consejera de Interior y Justicia y máxima responsable de Emergencias, Salomé Pradas -que fue cesada por Mazón cuatro semanas después de la tragedia; al secretario autonómico de Seguridad y Emergencias que dimitió tras la dana, Emilio Argüeso; al director general de Emergencias, Alberto San Martín; al subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; y a la jefa de Emergencias, Inmaculada Piles.

Los damnificados que han suscrito la querella de la Asociación de Damnificados Horta Sud -340 miembros- atribuyen a estos altos cargos los delitos de homicidio imprudente (penado con un máximo de cuatro años de cárcel), lesiones (hasta tres años de prisión), daños y omisión de socorro.

Según la denuncia, si se hubieran activado a tiempo las alertas a móviles es-alert -un sistema del que la exconsejera Pradas admitió que no sabía ni que existía- se habría reducido la magnitud de la catástrofe. “A las 15.00 horas [del 29 de octubre, día de la dana], los querellados contaban con datos suficientes para activar esta alerta”, indica la denuncia. El mensaje a móviles, sin embargo, llegó a las 20.11 de la aciaga jornada, cuando ya se habían desbordado el barranco del Poyo y el río Magro.

“El mensaje de alerta fue por el riesgo de rotura de la presa de Forata (Valencia) y no por las inundaciones”, añade otro de los letrados del bufete. El coordinador de la querella ha indicado que ya se han ordenado oficios a organismo implicados como Aemet, Cecopi y la CHJ.

La querella será investigada inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, según sus promotores, que -en paralelo- también preparan una demanda de responsabilidad patrimonial contra los responsables políticos, que deberá ser presentada antes de un año. Las víctimas tampoco descartan ampliar la querella a otros responsables políticos de la tragedia, como alcaldes, en virtud de la evolución de la instrucción de la causa.

Enfundado en una camiseta que emulaba a las víctimas del accidente del metro de Valencia de 2006 -”Valencia no olvida, 224 muertos, tres desaparecidos, 0 responsables”-, el presidente de asociación que ha promovido la querella ha reconocido que ningún representante de la Generalitat se ha puesto en contacto con ellos tres meses después de la tragedia. “Su gestión ha sido nefasta”, ha opinado Lesaec, que ha explicado que el hecho de haber fichado a un bufete de Madrid obedece, entre otros motivos, a la eventualidad de que la causa derive en un futuro a un tribunal de ámbito nacional.

El presidente de esta asociación de víctimas, profesor de francés de profesión, ha añadido que tienen previsto “ir contra todas las administraciones”. Y ha relatado que ayer un padre que perdió a su hija en un garaje inundado le llamó para darle ánimos. “Los responsables tienen que pagar por ello”, ha concluido.

Junto a la denuncia de la Asociación de Damnificados Horta Sud, la entidad SOS Desaparecidos prepara otra querella que aglutina a más de un centenar de víctimas, especialmente familiares de fallecidos, según el presidente de esta última entidad, Joaquín Arnils.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ya acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por dos denuncias interpuestas por el pseudo sindicato Manos Limpias contra responsables de la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Valenciana de Emergencias por su gestión frente a la dana