Los empresarios preparan un código ético para evitar las sospechas de soborno a funcionarios

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prepara un código ético para regular las relaciones entre las empresas privadas y las administraciones públicas, primer cliente de numerosas compañías, especialmente constructoras. Este código, que una veintena de expertos elabora sobre el modelo de las grandes empresas anglosajonas, fija normas para trazar una frontera nítida entre el regalo y el soborno. La reciente destitución de seis directivos de Renfe y Feve (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) por aceptar viajar a la final de fútbol de París invitados por una empresa ha evidenciado, según las fuentes consultadas, la confusión y arbitrariedad que planea sobre la adjudicación pública en el mercado español.

La cuantía de los obsequios, hasta dónde pueden llegar las "atenciones" a los funcionarios, el pago de comisiones en terceros países y otros aspectos se recogen en el código que coordina José María Lacasa, director de relaciones internacionales de la patronal y que próximamente presentará a sus afiliados. Esta normativa cobra especial oportunidad tras la reciente cadena de destituciones en Renfe y en Feve, una decisión ordenada por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos."Si alguien tiene que dimitir, que dimita. Alstom no será para el PP lo que Siemens fue para el PSOE". Éste fue el comentario, malhumorado, de Álvarez Cascos a dos altos cargos de su ministerio: el director general de Renfe, Miguel Corsini, y el responsable de Feve, Eugenio Damboriena, después de que Diario 16 revelara que directivos de la primera empresa viajaron el 24 de mayo a París a la final de fútbol de la Liga de Campeones financiados por Alstom. Esta compañía mantiene una estrecha colaboración con Renfe y opta, junto a otras tres, a la construcción del AVE Madrid-Barcelona (110.000 millones de pesetas).

El ministro ha sido tajante en sus conversaciones con los citados presidentes de empresas públicas, según fuentes próximas a sus interlocutores. Álvarez Cascos quiere alejar el fantasma de la financiación ilegal de los partidos políticos que planeó en la adjudicación y construcción del AVE Madrid-Sevilla, y no ha dudado en pedir cabezas. Como la de Alberto Echeverri, director general adjunto a la presidencia de Renfe; Javier Villén, director de Regionales; Fernando Íñiguez, director general de Emfesa, filial de Renfe; los gerentes Rafael Almodóvar y Pedro Alcázar y el director general de Feve, José Enrique García Romeu. Todos viajaron a París en el avión turbohélice de 20 plazas que Alstom fletó para presenciar el partido. La invitación incluía las entradas, la cena y una noche en el hotel Quality (tres estrellas), próximo al estadio de Saint Denis.

Regresaron a Madrid el 25 de mayo, eufóricos por la victoria madridista, tomándole el pelo a García Romeu, hincha del Valencia. Ninguno sospechaba que habían presenciado el partido más caro de su vida. Una semana después dos de ellos -Echeverri y Villén- se reunían con Miguel Corsini y su número dos, Rafael Escribano, para redactar una carta de dimisión que no resultara humillante: "Renunciamos voluntariamente al cargo para no dañar la imagen de la empresa".

Los destituidos se consideran cabezas de turco en una práctica que suponen general entre las empresas privadas y los funcionarios públicos. No comprenden que se les haya sancionado por un viaje que su propio jefe, y todos los amigos y compañeros en la empresa, sabían que iban a emprender; tampoco entienden el doble rasero aplicado en su misma empresa. "¿Por qué tenemos que dimitir y los otros directivos que también fueron invitados a París continúan tan tranquilos?", lamenta uno de los cesados. De los numerosos nombres de altos cargos que circulan en la rumorología de este caso sólo dos se han visto forzados a reconocer que también presenciaron el fútbol gratis. Se trata de Juan Villaronte, director general de Operaciones de Renfe, y Juan Luis Martín Cuesta, responsable del AVE. Ambos se desvincularon de la invitación de Alstom y aceptaron la de la agencia de viajes Carlson Wagon Lit, del grupo Accord, al que pertenece Wagon Lits Catering, según señalan fuentes de Renfe. Villaronte decide la renovación del contrato que esta empresa tiene con la compañía pública. Carlson dice que no invitó a nadie. Los aludidos guardan silencio.

El ministro de Fomento lo rompió en la Cope: "Una conducta irregular, que transgrede los códigos éticos, exigirá responsabilidades. No hay que perder el tiempo en discursos. Hay que ejemplarizar. El que no se comporte como debe seguirá el camino adoptado por los presidentes de Feve y Renfe".

Lo asombroso de este asunto es la perplejidad que en algunos círculos han causado los ceses. Lo dijo el director general de Cemafe (la patronal del sector ferroviario), Rafael Pérez Escolar: "Es una forma normal de reforzar las relaciones profesionales y comerciales de las empresas". Lo reiteró Alstom, que en un comunicado denuncia "los numerosos clientes públicos y privados que aceptaron invitaciones para asistir a la final de fútbol en los múltiples vuelos que se operaron desde España". La empresa asegura que ha tomado nota "para las futuras actuaciones con clientes y proveedores públicos".

En 1998 el juez suizo Paul Perraudin dictó una sentencia en la que asegura que Alstom pagó 341 millones en "comisiones ilícitas" a Luis Oliveró, el administrador único de Filesa -la empresa a través de la cual se financió ilegalmente el PSOE- durante la construcción del AVE Madrid-Sevilla. En España, la juez María Teresa Chacón instruye este sumario. La CEOE, tras las dimisiones de Renfe, ha acelerado su proyecto de clarificar las reglas de un juego que transcurre entre arenas movedizas.