Los antiguos propietarios reclaman la isla de La Cabrera al Supremo
Los demandantes piden la reversión del enclave al considerar que ya no es militar
¿De quién es la isla de La Cabrera: del Ministerio de Defensa o de sus originarios dueños? En ello está ahora el Tribunal Supremo después de que una sentencia del Tribunal Superior de Madrid haya fallado, con el voto discrepante de un magistrado, que "la mayor extensión insular del Mediterráneo aún sin urbanizar y el mayor de los pequeños archipiélagos de España" debe seguir en manos públicas.Los herederos y descendientes de su antiguo propietario, Sebastián Feliu de Cabrera y Quadreñy, mantienen desde hace años, antes con el extinto Ministerio de la Guerra y ahora con el de Defensa, una perseverante batalla judicial. Entienden que el archipiélago debe revertir a sus antiguos propietarios porque incumple las razones "de defensa y seguridad nacional" que llevaron al Estado en 1915 a su expropiación. El Estado pagó a los Feliu 362.148 pesetas, de las de entonces, por sus 1.573 hectáreas (una extensión equivalente a 1.573 campos de fútbol).
La declaración de la isla, en 1991, como parque nacional marítimo-terrestre llevó a sus antiguos dueños a reclamar su titularidad por la vía judicial, tras fracasar pleitos anteriores. Ahora, la reclamación se basa en que la isla ha quedado "desafectada" de su original contenido militar y que procede la reversión.
Guerra de guerrillas
En los escritos enviados a los jueces, Defensa mantiene que, si bien la isla "ya no es necesaria para la defensa nacional", aún permanece allí una pequeña guarnición militar en activo (un barracón, una cantina y varias instalaciones castrenses), y que se sigue utilizando para "la guerra de guerrillas" por las compañías de operaciones especiales. Defensa argumenta que en la declaración de espacio natural se recoge la compatibilidad de las actividades militarres con la conservación de la fauna y especies animales.
El Tribunal Superior ha dictaminado, de momento, por mayoría de votos, que la isla debe seguir en manos del Estado. No obstante, uno de los magistrados, Miguel López-Muñiz Goñi, a lo largo de los 27 folios que ocupa su voto discrepante, sostiene que la isla ha quedado "desafectada" y debe revertir a sus originarios dueños.
Los jueces contrarios a la devolución, mayoritarios, mantienen que "el predio sigue afecto a los intereses de seguridad nacional", porque Defensa lo sigue utilizando para "entrenamientos militares", afirman, y señalan que lo único que ha hecho el Estado "es declarar medidas especiales de protección de la naturaleza".
El magistrado discrepante señala que la ley que declaró parque nacional la isla permite ciertamente "simultanear el uso militar" con su protección natural, pero no así el plan rector elaborado al respecto "por la Administración, que ha sustraído prácticamente toda la isla de su aplicación militar y vetado su ocupación y uso". Según el magistrado, "el plan rector establece como zonas reservadas plenamente al uso castrense los edificios y las instalaciones, excluyendo el resto del territorio del uso militar pleno".
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