El Gobierno descarta que los pensionistas paguen las medicinas y reducirá el margen de las farmacias

Después de mucha polémica, el Gobierno dejará de momento las cosas como están y no hará que los pensionistas paguen parte de las medicinas que consumen. Sigue en pie el objetivo de reducir el gasto farmacéutico, para lo cual se recortará el margen de las farmacias, en sentido inverso a su precio. Cuanto más alto sea el coste, menos beneficio para las boticas. Esta medida se incluirá en el plan contra la inflación que hoy aprueba el Consejo de Ministros, en el que también se descarta liberar del pago de impuestos el cambio de fondo de inversión. El tipo impositivo de las plusvalías se reduce al 18%, y el plazo, a un año.

El plan de lucha contra la inflación no afectará a los pensionistas, según aseguró ayer el Ministerio de Economía. En realidad, la idea de que los jubilados dejen de obtener de forma gratuita las medicinas financiadas por la Seguridad Social no pasó de ser una propuesta recurrente. Siempre que se plantea actuar contra la inflación o recortar el gasto público, alguien pone esta medida sobre la mesa.Desde el viejo y famoso informe Abril hasta las recomendaciones que el actual secretario de Estado de Economía, José Folgado, hacía cuando trabajaba para la CEOE, el copago ha surgido y se ha descartado otras tantas veces. Ahora se ha vuelto a caer del plan del Gobierno, sobre todo por su alto coste político.

Las dificultades técnicas para graduar el copago, según el nivel de renta, también han desaconsejado esta tercera vía, aunque el Ministerio de Sanidad trabaja en esta dirección. Se mantiene el propósito de recortar el gasto sanitario, para lo cual se reducirá el margen de las farmacias en función del precio del medicamento. También se quiere que los laboratorios apliquen descuentos al Insalud cuando se realicen grandes compras.

Más visos de salir adelante tenía la idea de liberar a los titulares de fondos de inversión del pago de la plusvalía cuando se salga de uno para entrar en otro. Ahora se paga el 20%, pero las presiones de los grandes bancos y las aseguradoras han conseguido que el Gobierno lo mantenga como está.

Lo que sí se va a hacer es reducir el tipo impositivo de las plusvalías -lo que se paga por las ganancias de fondos de inversión, acciones o inmuebles cuando se venden-, que pasa del 20% actual al 18%. También se reduce de dos a un año el plazo a partir del cual se aplica ese tipo. Otra novedad es que se permitirá hacer provisiones a las empresas que inviertan en países con especial riesgo, lo que significa un diferimiento del impuesto de sociedades.

Otra decisión que ha planteado polémica, en este caso dentro del propio Gobierno entre los ministerios de Educación y de Economía, es la que afecta a los libros de texto. La idea es liberalizar los descuentos, tal como quería el departamento que dirige Rodrigo Rato, pero no los precios.

Tampoco habrá una rebaja en las tarifas de la luz y del gas, medida a la que se han opuesto las compañías del sector. Es posible, sin embargo, que se amplíe el plazo del cobro de los costes de transición a la competencia para las eléctricas (1,3 billones de pesetas, ahora en 10 años), lo que reduciría el recargo del 4,5% que se aplica en el recibo de la luz.

En el sector de vivienda, lo que se plantea es redefinir el concepto de suelo no urbanizable y reducir los trámites administrativos, tal como anunció el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, tras entrevistarse con la presidenta de la Federacíón Española de Municipios y Provincias, Rita Barberá, ayer en Madrid. Rato garantizó que no habrá merma en la financiación de los ayuntamientos.