Juicio contra dos periodistas acusados de injuriar a un ex jefe de los Mossos

La fiscal solicitó ayer para los periodistas Andreu Farràs y Pere Cullell una multa de 600.000 pesetas y 10 millones de indemnización por un presunto delito de injurias supuestamente cometido contra el ex jefe de los Mossos d'Esquadra Beltrán Gómez-Alba, de quien dijeron en un libro que la noche del 23-F acudió a la Capitanía General de Cataluña y se ofreció para "cazar" al Gobierno de la Generalitat, que estaba reunido a la espera del desenlace del intento de golpe de Estado de 1981.

Durante el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 17 de Barcelona, los dos autores del libro El 23-F a Catalunya explicaron que las alusiones por las que Gómez-Alba se siente injuriado circularon durante mucho tiempo en medios políticos y sociales de Cataluña tras el fallido golpe y que intentaron contrastarlas con el afectado, pero que fue imposible localizarlo.Farràs y Cullell explicaron que ellos no asumen como propias esas acusaciones, sino que se limitaron a recoger los rumores que circulaban y que, según recordaron, ya habían sido expuestos en un artículo de El Periódico en 1991 y en 1994 en el libro El virrey, una biografía de Jordi Pujol de la que el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta afirmó ayer que "está bien documentada".

Prenafeta, el entonces presidente de la Diputación de Barcelona, Francesc Martí i Jusmet; y el entonces secretario general de CC OO de Cataluña, Josep Lluís López Bulla, entre otros, acudieron ayer a declarar como testigos y avalaron ante la juez que circulaban esos rumores.

Intereses profesionales

Por su parte, Beltrán Gómez-Alba explicó que la noche del 23-F no acudió a la Capitanía General ni pronunció esa frase. También relató que fue felicitado con posterioridad por Jordi Pujol y por otros consejeros del Gobierno catalán por su actuación en el 23-F y atribuyó la circulación de los rumores acerca de su actitud aquella noche a la incertidumbre sobre quién y cómo mandaría en un futuro el recién traspasado cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Igualmente explicó que decidió no querellarse por la publicación de El virrey, en el que ya se recogían esos rumores, porque pensó que "era mejor no darle cuartos al pregonero".

El abogado de Gómez-Alba solicita para los periodistas sendas penas de dos años de inhabilitación, además de una indemnización de 90 millones de pesetas y multa de 21 millones por un delito de injurias graves por escrito y con publicidad.