España aceptará ampliar la negociación para reformar la UE

El presidente del Gobierno, José María Aznar, admitirá hoy por primera vez que la flexibilización de las cooperaciones reforzadas se incluya en la agenda de la reforma del Tratado de Amsterdam. Pero lo hará con la condición de que ello sea sin prejuzgar cuál será el resultado final de la negociación y dejando claro que España pondrá sobre la mesa una larga lista de políticas en las que exige que nunca se apliquen las cooperaciones reforzadas, entre ellas los fondos estructurales y el medio ambiente.España está sólidamente alineada con el frente euroescéptico (Reino Unido, Dinamarca y Suecia) para evitar que se flexibilicen las cooperaciones reforzadas, el mecanismo que permite a un grupo de países realizar determinadas políticas sin obligar al resto a seguirles. Es decir, la llave que puede abrir la puerta de los llamados núcleos duros, la Europa a la carta y la Europa a dos velocidades.

Al aceptar, aunque sea con condiciones, que ese asunto pase a formar parte de la agenda negociadora de la reforma institucional de la Unión, España modifica su postura inicial de ceñir esa negociación exclusivamente a los tres temas que quedaron pendientes al aprobarse el Tratado de Amsterdam: el tamaño de la Comisión Europea, el equilibrio de votos en el Consejo de Ministros y la posible extensión del número de temas que se deben decidir por votaciones basadas en la mayoría cualificada en detrimento del derecho de veto.

No es el único asunto polémico de la próxima reforma. España, alineada en este caso con Alemania, se resiste a dar naturaleza jurídica a la Carta de Derechos Fundamentales que está elaborando un grupo de expertos capitaneados por el ex presidente alemán Roman Herzog. Francia no quiere que esa carta se quede en mera retórica y en catálogo de buenas intenciones, por lo que propone integrarla en el Tratado de la Unión. España y Alemania, entre otros, temen que eso acabe convirtiéndola en una especie de Constitución encubierta y dé pie al Tribunal de Justicia a trocar en obligación económica lo que nació como expresión de buena voluntad política.