Objeciones y virtudes

Nadie duda ya de la importancia de la fiscalidad verde en la consecución de dos objetivos básicos de este final de siglo, como son el equilibrio entre sostenibilidad y desarrollo y el acercamiento de la economía a las magnitudes físicas y ambientales. : El turismo representa en Andalucía uno de los sectores básicos de nuestra economía (cerca de dos billones de pesetas de un total de nueve billones del PIB andaluz). Junto con la agricultura representa una de las locomotoras del crecimiento de la comunidad andaluza. Pero este enorme peso no sólo se refleja en el PIB andaluz sino también en el consumo de recursos naturales y en la generación de impactos ambientales. Más del 25% de los recursos naturales que consume la estructura económica andaluza son consumidos por la actividad turística, según cálculos extraídos de las tablas ambientales de Andalucía.La reconversión ecológica del sector turístico es no sólo un objetivo ambiental sino también económico. De esto parecen haberse dado cuenta otras comunidades como Baleares y Canarias, que están estudiando y poniendo en marcha medidas con este objetivo de la calidad ambiental. Dentro de estas medidas se inscribe la llamada ecotasa turística: una tasa módica cobrada a cada turista con destino a la restauración y corrección de los impactos y costes ambientales del turismo. En Andalucía el debate acaba de abrirse y ya hay sectores que, posiblemente guiados por la ignorancia, se oponen frontalmente a una medida tan razonable como modesta.

Diversos son los argumentos que se esgrimen desde algunos, no todos ni mucho menos, sectores del empresariado contra la ecotasa. Estas objeciones las podemos agrupar en tres bloques: jurídicas, administrativas y económicas. Las objeciones jurídicas ponen en duda la legalidad de una tasa que podría suponer un obstáculo a la libre circulación de las personas dentro del Estado español tal como la Constitución española y la LOFCA precisan. Tal objeción ha quedado hace bastante tiempo resuelta en lo relativo a la fiscalidad de las comunidades autónomas, en la sentencia de 16 de noviembre de 1981 del Tribunal Constitucional, cuando indica que sólo cuando la tasa o impuesto persiga deliberada e intencionalmente el objetivo de establecer tales obstáculos a la libre circulación se podrá entender como inconstitucional y contraria a lo regulado por la LOFCA. De lo contrario, supondría anular por completo la competencia y capacidad fiscal de las comunidades autónomas. Es obvio que tal intencionalidad, ni explícita ni implícitamente, existe en la ecotasa.

Otro argumento utilizado ha sido la desconfianza hacia el destino ambiental de los recursos económicos obtenidos por la ecotasa. Se aduce para ello una profunda desconfianza hacia la fiabilidad fiscal de la Junta de Andalucía. Pero tal objeción no sería sólo aplicable a la ecotasa sino a cualquier impuesto autonómico, incluso estatal o municipal; de ser consecuente nos tendría que llevar a propugnar la insumisión fiscal total, puesto que no confiamos en el uso y destino de los fondos recaudados. ¿Por qué entonces desconfiar sólo del destino de la ecotasa?

Por último, las pegas económicas alegan que la ecotasa disminuiría las visitas turísticas. Es decir, que sería una medida desincentivadora de la promisión turística. Pero lo cierto es que son sólo mil pesetas por persona y año: ¿quién no vendrá desde Alemania, Francia, Japón o Bilbao por mil pesetas más o menos? La demanda turística no está básicamente determinada por un aumento de costes tan insignificante como supondría la ecotasa. Es más, al comienzo, que es cuando esta medida tiene más impacto en la percepción del usuario, la ecotasa sería un elemento de prestigio y de garantía de calidad. La media de gasto de un turista en Andalucía es de unas 20.000 pesetas al día y la media de duración de la estancia es de 15 días; esto supone que la ecotasa comportaría un coste para el turista del 0,035% del coste total de la visita a nuestra tierra, unas 66,6 pesetas al día. ¿Son estos costes disuasorios o insoportables?

De cualquier manera, si todos estamos de acuerdo en que los impactos y los costes ambientales existen, ¿quién los paga?, ¿de qué forma se corrigen? Alguien debe pagar, lo que no puede ser es que se ignoren estos costes o que recaigan sobre los hombros de todos. La propuesta de ecotasa realizada contiene la previsión de que hasta el 50% de lo recaudado pueda ir dirigido a la financiación de proyectos privados de reconversión ecológica del sector turístico. De esta manera, la ecotasa no sólo sirve para recaudar (cerca de 15.000 millones, según las cifras de turistas de 1998), sino también para reconvertir el sector y evitar los costes ambientales que por su dimensión y naturaleza ecológica no son internalizables económicamente.

Hay un último argumento (?) usado por un alto cargo de Turismo para desechar la ecotasa en Andalucía y aceptarla en Baleares: "Allí están saturados, aquí no". ¿Y qué vamos a esperar, a llegar a la situación de allí? ¿No es precisamente nuestra situación mucho mas favorable para actuar ahora? La ecotasa sería el comienzo de una política fiscal ecológica tan necesaria en otros sectores y tan importante para que la degradación ambiental no siga avanzando y podamos contemplar el nuevo milenio con esperanza.

FRANCISCO GARRIDO PEÑA

Francisco Garrido Peña es portavoz de Los Verdes de Andalucía.