La UE advierte a la Comunidad de que su forma de contratar es ilegal en Europa

La Comisión Europea ha remitido a la Comunidad de Madrid una carta de emplazamiento en la que le abre formalmente procedimiento de infracción por la normativa regional sobre contratación aprobada el 17 de diciembre de 1998 y en vigor desde entonces. Dicha normativa premia con un 20% de los puntos en litigio en los concursos a las empresas con más porcentaje de trabajadores con contrato indefinido.UGT y CC OO propusieron esta normativa especial en los concursos públicos para fomentar la estabilidad en el empleo. El Gobierno regional que preside Alberto Ruiz-Gallardón (PP) aceptó la sugerencia y la convirtió en decreto pese a la negativa de la patronal madrileña.

La Comisión Europea recibió entonces una denuncia de la patronal española de la construcción contra el decreto especial sobre contratación de la Comunidad de Madrid. Ahora ha resuelto: considera que la normativa europea no permite establecer "criterios de estabilidad y calidad del empleo para adjudicar contratos públicos por concurso". Ruiz-Gallardón anunció ayer que recurrirá a los tribunales.

La Comisión Europea explica en su carta de emplazamiento a la Comunidad de Madrid que las circunstancias de empleo (si hay más contratados fijos o eventuales) de una empresa que se presente a un concurso público "no son admisibles como criterio de selección". Los dirigentes de la UE estiman que los porcentajes de fijos en una compañía no permiten valorar la solvencia técnica, económica o financiera de la misma. Por tanto, concluyen, tampoco pueden influir esos criterios de contratación indefinida para adjudicar concursos públicos, "ya que éstos deben estar encaminados a valorar la oferta o producto, y no al empresario o productor".

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha remitido a la Comisión Europea un escrito de contestación de 16 folios, replicó ayer de palabra los argumentos esgrimidos en la carta de emplazamiento. "El Gobierno de Madrid considera que el empleo fijo es también una garantía de solvencia técnica y de competitividad de las empresas frente a las que tienen un alto índice de temporalidad", señaló. Ruiz-Gallardón también defendió el criterio de imponer la contratación de trabajadores minusválidos, pues "cumple con la legislación española de integración social de estos ciudadanos".

Hace 20 días, el comisario europeo de Mercado Interior, el holandés Frederik Bolkestein (del Partido Liberal), ya contestó a una pregunta de tres europarlamentarios españoles contra la posibilidad de establecer ventajas para empresas con más trabajadores fijos en concursos públicos. Bolkestein puntualizó que el contrato debe concederse siempre al proyecto más ventajoso desde el punto de vista económico atendiendo al plazo de ejecución, rentabilidad, valor técnico y precio, pero en ningún caso a criterios sociales, como la fijeza en el empleo.

Réplica

Ruiz-Gallardón replicó ayer: "No me preocupa tanto que alguien en Bruselas pueda pensar que no es políticamente defendible primar el empleo estable o la contratación de trabajadores minusválidos como el que exista alguna directiva comunitaria contraria a estos criterios, aunque si la hubiera animaríamos a modificarla".

Izquierda Unida, PSOE, Comisiones Obreras y UGT han reiterado su apoyo a la batalla legal que la Comunidad de Madrid ha emprendido contra los criterios de la Comisión Europea.

En el informe de contestación a la carta de emplazamiento que abre procedimiento contra la Administración madrileña por infracción, el Gobierno regional defiende que la "inclusión de cláusulas sociales en los procesos de licitación pública se va abriendo camino en el seno de la Unión Europea como instrumento de promoción de políticas sociales".

Además sostiene que la oferta más ventajosa puede considerarse "atendiendo a la estabilidad y calidad de los contratos que la empresa licitadora ofrece a sus empleados y que esa calidad del empleo pueda valorarse como garantía de solvencia técnica".

Ruiz-Gallardón anunció ayer que su Ejecutivo está dispuesto a "agotar todos los mecanismos jurídicos, absolutamente todos, para sostener la legalidad del decreto" que prima el empleo estable. "Siempre que haya una instancia viva, ya sea de diálogo con la Comisión Europea o judicial, en su caso, la vamos a utilizar", concluyó el presidente regional.

Desde que se aplica el nuevo decreto con premios al empleo fijo, la Comunidad ha adjudicado más de 3.600 contratos, de los que "sólo unos pocos" se han decidido por los puntos dados a la empresa por más porcentaje de contratados indefinidos.