El PP quiere reformar la LRU en un sentido descentralizador y menos reglamentista

El Gobierno del PP se plantea reformar la LRU despojándola de su excesivo reglamentismo, en el sentido de establecer las grandes líneas del sistema universitario y dejar a las comunidades autónomas que legislen en el ámbito de lo concreto, según Vicente Ortega, secretario general del Consejo de Universidades. Ortega se refirió a esta reforma -tantas veces aplazada- en el marco del Seminario Internacional sobre Gobierno y Gestión de las Universidades que tuvo lugar la semana pasada en Barcelona, organizado por la Politécnica de Cataluña (UPC), al que asistieron especialistas de todo el mundo.

"Hay que encontrar formas de coordinación entre los Gobiernos autonómicos y el central", dijo Ortega, de modo que pueda producirse una "cooperación sin invasión". Según el secretario general del Consejo de Universidades, se está estudiando la posibilidad de rehacer la LRU, "sin demasiados cambios" y dentro de un ámbito abierto de actuación, de modo que permita que las comunidades autónomas puedan también legislar en este ámbito.Ortega se mostró partidario de cambiar el modelo de gobierno de las universidades, un aspecto de la actual realidad universitaria española que la mayoría de los expertos considera obsoleto y cuya reforma es central para articular un modelo de enseñanza superior capaz de afrontar los retos del futuro. Asimismo, Ortega se mostró partidario de profesionalizar la gestión.

El mensaje de Ortega coincide exactamente con las líneas básicas del modelo que, desde hace ya mucho tiempo, propugna la Generalitat de Cataluña. El rector de la UPC, Jaume Pagès, también presente en la sesión de apertura de este seminario, organizado por la cátedra Unesco de Gestión de la Educación Superior de esta universidad, afirmó que es imprescindible encontrar una combinación entre centralización y descentralización, y saber compaginar el liderazgo con la capacidad de gestión cercana a cada realidad específica.

Una de las principales ponencias corrió a cargo de Francisco Michavila, autor de un Libro Blanco sobre la descentralización y la estructura organizativa de la UPC. Para Michavila hay dos grandes tendencias actualmente en el mundo universitario: una orientada hacia la centralización, en la que la capacidad de decisión reside en las autoridades centrales, y otra en el sentido opuesto, el de descentralizar, en el que las estructuras intermedias son autónomas, los departamentos se gestionan de forma diversa y a las autoridades centrales les corresponden, básicamente, labores de representación institucional.

Michavila, que con el PSOE y en la primera etapa de Esperanza Aguirre ocupó la Secretaría General del Consejo de Universidades, propone una tercera vía fundamentada en la autonomía de las instituciones, la responsabilidad, la rendición de cuentas de todas las estructuras, con un gobierno fuerte y profesionalizado. "Se ha de hacer más flexible su estructura, descentralizando y dotando a las unidades de más competencias".

En su informe, Michavila propone, entre otras cosas, instrumentar un sistema de contratos pedagógicos y científicos entre el rectorado y los centros y departamentos; vincular la universidad al desarrollo económico y social del entorno, adaptando la estructura a las demandas específicas e incorporar un sistema de rendir cuentas a la sociedad "claro, riguroso y sistemático".

Los cambios que Michavila propone sobre los órganos de Gobierno de las universidades se orientan hacia la distinción y redistribución de responsabilidades. Así, propone que el Gobierno esté centralizado en torno al equipo rectoral para establecer las grandes líneas de actuación; la dirección ha de ser centralizada y participativa, mientras que la gestión debe profesionalizarse, si bien deben ser incentivados los docentes que quieran involucrarse en la misma. El cambio, añade, debe ir acompañado por un sistema de incentivos en función de los resultados obtenidos en docencia e investigación.