Tensión escolar

Coincidiendo con el final del curso escolar el Defensor del Pueblo andaluz ha presentado el Informe de 1999. En el mismo destaca la frecuencia de los asuntos educativos y, dentro de él, los casos de violencia escolar. Tal informe del Defensor se viene repitiendo en los últimos años y acentúa el papel que debe tener en un sistema democrático como el nuestro instituciones como la que dirige ahora el cura Chamizo: transmitir al poder político la insatisfacción ciudadana ante sus servicios públicos.Me ha sorprendido sobremanera la salida en tromba de la consejera de Educación contestando o minusvalorando las conclusiones del Defensor. Es pronto todavía para evaluar la gestión de Cándida Martínez ya que acaba de presentar sus intenciones en la comisión parlamentaria. De cualquier manera, no parece adecuado contestar las denuncias del Defensor, que son reflejo de las que presentan los ciudadanos, con programas y proyectos previstos en la etapa del anterior consejero. Algo nuevo tendrá que hacer la señora consejera para animar a los profesionales y en general a la comunidad escolar sometida a profundas tensiones sociales.

El actual estado de la educación andaluza ni está en su grado mínimo, como se pretende en algunas conclusiones de reuniones de docentes, ni podemos pensar que está en el mejor de los mundos, si nos atenemos a las declaraciones que presentan los responsables educativos, de antes y de ahora. La actual situación, que puede y debe mejorarse en grado considerable, exige una evaluación general que demuestre precisamente aquello que funciona y aquello que debe modificarse. En la anterior evaluación que realizó el INCE para todo el sistema español no aparecen los datos de Andalucía. El consejero de entonces decidió que nuestra comunidad no iba a participar en aquella evaluación por razones que no entendemos todavía. Ya es hora de que, después de 10 años de aplicación de la LOGSE en Andalucía, podamos contar con un informe objetivo, neutral y exacto de las deficiencias y los fallos. Algunos habrá, a pesar de lo que afirmen los altos cargos de la consejería, que lleva a que el problema educativo siga teniendo la máxima frecuencia en denuncias ante el Defensor del Pueblo.

JAVIER ARISTU